/ lunes 6 de septiembre de 2021

Recortan 66% recursos a salud materna

También se redujeron los apoyos para combatir la violencia de género y el cáncer de mama

Entre 2020 y 2021, el Gobierno federal recortó 66 por ciento los recursos destinados a los estados para salud materna y perinatal, es decir, la atención a mujeres durante el embarazo, el parto y puerperio. Esto a pesar de que la pandemia de Covid-19 disparó la muerte materna de una razón de 32.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos en 2019 a 52.1 en 2021.

Los programas de atención a las mujeres embarazadas y que recién dieron a luz no fueron los únicos afectados por la reducción de transferencias a las entidades federativas en materia de salud reproductiva y equidad de género.

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En el último año, la Federación también restringió 53 por ciento el monto destinado a prevención y control del cáncer de mama y cervicouterino, 46 por ciento el utilizado para prevenir y atender la violencia familiar y de género y 31 por ciento el empleado para programas de igualdad de género en salud.

También redujo cuatro por ciento los recursos para salud sexual y reproductiva de adolescentes y tres por ciento los de planificación familiar y anticoncepción. Sólo crecieron ocho por ciento las transferencias para programas de aborto seguro, indica la información vertida en los convenios de ministración de subsidios destinados a acciones de salud pública que fueron firmados entre la Secretaría de Salud federal (SSa), representada por el subsecretario Hugo López-Gatell, y los gobiernos de los estados.

Los recursos presupuestarios considerados incluyen aquellos que se transfirieron a las entidades federativas vía subsidios del ramo 12 de salud, a través de aportaciones federales del ramo 33 y por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que antes era el Seguro Popular, indican los convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación.

El recorte más severo ocurrió en las transferencias para salud materna. En 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estados recibieron de las arcas federales mil 692 millones de pesos para programas destinados a reducir la morbilidad y mortalidad materna. Al año siguiente, los recursos se redujeron a mil 513 millones y en éste se desplomaron a 516 millones, apenas una tercera parte.

La reducción en el gasto público contrasta con el incremento de la muerte materna en México, en medio de la pandemia de Covid-19. De acuerdo cifras de la SSa, la razón de mortalidad materna saltó de 32.4 decesos por cada 100 mil nacimientos en 2019 a 41.5 en 2020, cuando el coronavirus irrumpió en el país.

Para el año que corre, el segundo de la pandemia, la razón de mortalidad materna se ubica ya en 52.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos, lo que significa un retroceso para México en este rubro de 12 años.

No sólo eso. Cada vez se está más lejos de cumplir la meta gubernamental de llegar a una razón de 25 muertes por cada 100 mil nacidos vivos al finalizar el sexenio de López Obrador, objetivo planteado en su Tercer Informe de Gobierno.

La Covid-19 desplazó a la hemorragia obstétrica, el aborto y los trastornos hipertensivos como la principal causa de muerte en mujeres embarazadas. Al cierre de 2020 murieron 934 mujeres, 248 de ellas por la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2 (26.5 por ciento). Y hasta la semana 33 de este año, de 645 muertes maternas registradas, 273 fueron por coronavirus (42.3 por ciento).

De acuerdo con el sitio web de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “la muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica” y el “reflejo de múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de atención obstétrica”.

“En México, la muerte materna es un problema de discriminación, pues afecta especialmente a mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las ciudades, que no cuentan con seguridad social y a las más jóvenes (10 a 14 años de edad)”, agrega la organización feminista que desde hace casi 30 años trabaja para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

ESTADOS MÁS AFECTADOS

Los estados que sufrieron los mayores recortes en salud materna entre 2020 y 2021 fueron Guanajuato (93 por ciento), Puebla (90 por ciento) y Nuevo León (81 por ciento).

Sinaloa, entidad que tiene la razón de muerte materna más alta en el año (90.3 por cada 100 mil nacimientos), enfrenta una reducción presupuestal de 39 por ciento respecto a las transferencias federales de 2020.

Sólo a Yucatán, segunda entidad con mayor muerte materna (86.6 por cada 100 mil nacidos vivos), la Federación inyectó más recursos para programas de salud materna y perinatal (156 por ciento más).

Los recursos que la SSa transfiere a los estados para cubrir la atención de las mujeres embarazadas, y todo lo referente a salud reproductiva y equidad de género, se asignan a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, unidad dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Dicha unidad es responsable de las políticas nacionales de los programas de planificación familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, salud materna y perinatal, igualdad de género, y prevención y atención de la violencia familiar.

MENOS DINERO CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR

El 19 de agosto pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, expuso en la conferencia mañanera los motivos por los que el Gobierno federal consideraba necesario que niños, niñas y adolescentes retomaran las clases presenciales.

“Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión y otros factores han generado graves afectaciones en las niñas y niños de nuestro país… y un asunto muy delicado, que es el incremento en la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento de los homicidios infantiles y los embarazos en menores de edad”, introdujo el funcionario.

Acto seguido comenzó a proyectar una serie de datos que revelaban la gravedad del problema. Según las cifras, recopiladas de distintas dependencias gubernamentales, de marzo a junio de este año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños.

“Éste es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes… Actualmente nacen cada día más de mil bebés, hijos de madres niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes…niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio, la mayoría de estos casos por violación sexual o por matrimonios arreglados, que son violaciones sexuales”, añadió.

Lo que no dijo Encinas el día que expuso las crudas estadísticas, es que el Gobierno federal también redujo 46 por ciento las transferencias a los estados para programas de prevención y atención de la violencia familiar y de género y cuatro por ciento los recursos para salud sexual y reproductiva de adolescentes, entre otros rubros.

En el caso de los programas de prevención y atención de la violencia de género, la Federación pasó de entregar a las entidades 341 millones de pesos durante el primer año de la Cuatroté a 164 millones en el año que corre, menos de la mitad.

Y en lo que respecta a salud sexual y reproductiva de adolescentes, las transferencias crecieron de 160 a 188 millones de pesos entre 2019 y 2020, aunque para 2021 disminuyeron a 181 millones.

Para planificación familiar y anticoncepción, el monto cayó de mil 185 millones de pesos a mil 91 millones entre 2019 y 2021. En el mismo trienio, los recursos para la prevención y control del cáncer de mama y cervicouterino se desplomaron de mil 447 millones a 421 millones de pesos.

Sólo hubo un incremento en los recursos destinados a programas de aborto seguro, que pasó de 33.1 millones a 35.9 millones entre 2020 y 2021. En 23 estados las transferencias a este rubro aumentaron entre 16 y 202 por ciento, correspondiendo este último caso a Baja California Sur.

En contraste, la Federación transfirió menos dinero a nueve entidades, entre ellas la Ciudad de México (85 por ciento) y Veracruz (29 por ciento), dos de los cuatro estados donde la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación. En los otros dos, Oaxaca e Hidalgo, las trasferencias federales crecieron 32 y 38 por ciento, respectivamente.

Entre 2020 y 2021, el Gobierno federal recortó 66 por ciento los recursos destinados a los estados para salud materna y perinatal, es decir, la atención a mujeres durante el embarazo, el parto y puerperio. Esto a pesar de que la pandemia de Covid-19 disparó la muerte materna de una razón de 32.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos en 2019 a 52.1 en 2021.

Los programas de atención a las mujeres embarazadas y que recién dieron a luz no fueron los únicos afectados por la reducción de transferencias a las entidades federativas en materia de salud reproductiva y equidad de género.

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En el último año, la Federación también restringió 53 por ciento el monto destinado a prevención y control del cáncer de mama y cervicouterino, 46 por ciento el utilizado para prevenir y atender la violencia familiar y de género y 31 por ciento el empleado para programas de igualdad de género en salud.

También redujo cuatro por ciento los recursos para salud sexual y reproductiva de adolescentes y tres por ciento los de planificación familiar y anticoncepción. Sólo crecieron ocho por ciento las transferencias para programas de aborto seguro, indica la información vertida en los convenios de ministración de subsidios destinados a acciones de salud pública que fueron firmados entre la Secretaría de Salud federal (SSa), representada por el subsecretario Hugo López-Gatell, y los gobiernos de los estados.

Los recursos presupuestarios considerados incluyen aquellos que se transfirieron a las entidades federativas vía subsidios del ramo 12 de salud, a través de aportaciones federales del ramo 33 y por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que antes era el Seguro Popular, indican los convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación.

El recorte más severo ocurrió en las transferencias para salud materna. En 2019, primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los estados recibieron de las arcas federales mil 692 millones de pesos para programas destinados a reducir la morbilidad y mortalidad materna. Al año siguiente, los recursos se redujeron a mil 513 millones y en éste se desplomaron a 516 millones, apenas una tercera parte.

La reducción en el gasto público contrasta con el incremento de la muerte materna en México, en medio de la pandemia de Covid-19. De acuerdo cifras de la SSa, la razón de mortalidad materna saltó de 32.4 decesos por cada 100 mil nacimientos en 2019 a 41.5 en 2020, cuando el coronavirus irrumpió en el país.

Para el año que corre, el segundo de la pandemia, la razón de mortalidad materna se ubica ya en 52.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos, lo que significa un retroceso para México en este rubro de 12 años.

No sólo eso. Cada vez se está más lejos de cumplir la meta gubernamental de llegar a una razón de 25 muertes por cada 100 mil nacidos vivos al finalizar el sexenio de López Obrador, objetivo planteado en su Tercer Informe de Gobierno.

La Covid-19 desplazó a la hemorragia obstétrica, el aborto y los trastornos hipertensivos como la principal causa de muerte en mujeres embarazadas. Al cierre de 2020 murieron 934 mujeres, 248 de ellas por la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2 (26.5 por ciento). Y hasta la semana 33 de este año, de 645 muertes maternas registradas, 273 fueron por coronavirus (42.3 por ciento).

De acuerdo con el sitio web de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “la muerte materna es la máxima expresión de la violencia obstétrica” y el “reflejo de múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres para acceder a servicios de atención obstétrica”.

“En México, la muerte materna es un problema de discriminación, pues afecta especialmente a mujeres que viven en extrema pobreza, en comunidades alejadas de las ciudades, que no cuentan con seguridad social y a las más jóvenes (10 a 14 años de edad)”, agrega la organización feminista que desde hace casi 30 años trabaja para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

ESTADOS MÁS AFECTADOS

Los estados que sufrieron los mayores recortes en salud materna entre 2020 y 2021 fueron Guanajuato (93 por ciento), Puebla (90 por ciento) y Nuevo León (81 por ciento).

Sinaloa, entidad que tiene la razón de muerte materna más alta en el año (90.3 por cada 100 mil nacimientos), enfrenta una reducción presupuestal de 39 por ciento respecto a las transferencias federales de 2020.

Sólo a Yucatán, segunda entidad con mayor muerte materna (86.6 por cada 100 mil nacidos vivos), la Federación inyectó más recursos para programas de salud materna y perinatal (156 por ciento más).

Los recursos que la SSa transfiere a los estados para cubrir la atención de las mujeres embarazadas, y todo lo referente a salud reproductiva y equidad de género, se asignan a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, unidad dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Dicha unidad es responsable de las políticas nacionales de los programas de planificación familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, salud materna y perinatal, igualdad de género, y prevención y atención de la violencia familiar.

MENOS DINERO CONTRA VIOLENCIA FAMILIAR

El 19 de agosto pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, expuso en la conferencia mañanera los motivos por los que el Gobierno federal consideraba necesario que niños, niñas y adolescentes retomaran las clases presenciales.

“Lamentablemente, las condiciones de confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión y otros factores han generado graves afectaciones en las niñas y niños de nuestro país… y un asunto muy delicado, que es el incremento en la vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento de los homicidios infantiles y los embarazos en menores de edad”, introdujo el funcionario.

Acto seguido comenzó a proyectar una serie de datos que revelaban la gravedad del problema. Según las cifras, recopiladas de distintas dependencias gubernamentales, de marzo a junio de este año se registraron los niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños.

“Éste es un hecho que va vinculado también al problema de embarazo de niñas y adolescentes… Actualmente nacen cada día más de mil bebés, hijos de madres niñas y jóvenes. En 2020 se registraron 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes…niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por un amigo, un familiar, un desconocido o el exnovio, la mayoría de estos casos por violación sexual o por matrimonios arreglados, que son violaciones sexuales”, añadió.

Lo que no dijo Encinas el día que expuso las crudas estadísticas, es que el Gobierno federal también redujo 46 por ciento las transferencias a los estados para programas de prevención y atención de la violencia familiar y de género y cuatro por ciento los recursos para salud sexual y reproductiva de adolescentes, entre otros rubros.

En el caso de los programas de prevención y atención de la violencia de género, la Federación pasó de entregar a las entidades 341 millones de pesos durante el primer año de la Cuatroté a 164 millones en el año que corre, menos de la mitad.

Y en lo que respecta a salud sexual y reproductiva de adolescentes, las transferencias crecieron de 160 a 188 millones de pesos entre 2019 y 2020, aunque para 2021 disminuyeron a 181 millones.

Para planificación familiar y anticoncepción, el monto cayó de mil 185 millones de pesos a mil 91 millones entre 2019 y 2021. En el mismo trienio, los recursos para la prevención y control del cáncer de mama y cervicouterino se desplomaron de mil 447 millones a 421 millones de pesos.

Sólo hubo un incremento en los recursos destinados a programas de aborto seguro, que pasó de 33.1 millones a 35.9 millones entre 2020 y 2021. En 23 estados las transferencias a este rubro aumentaron entre 16 y 202 por ciento, correspondiendo este último caso a Baja California Sur.

En contraste, la Federación transfirió menos dinero a nueve entidades, entre ellas la Ciudad de México (85 por ciento) y Veracruz (29 por ciento), dos de los cuatro estados donde la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación. En los otros dos, Oaxaca e Hidalgo, las trasferencias federales crecieron 32 y 38 por ciento, respectivamente.

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