El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá designar a los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la controversia constitucional que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra la orden de tal designación.
Esto significa que el titular del Ejecutivo tendrá que justificar plenamente la experiencia, conocimientos y cualidades de los magistrados electos ya que el Senado no ratificó ni rechazó los propuestos por Enrique Peña en 2017.
Fue la ministra Norma Lucía Piña Hernández, a quien rechazó la controversia señalando que está no procede contra sentencias de amparo en revisión.
La presidencia buscaba revertir la sentencia de amparo en revisión del décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito que concedió al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para acelerar los nombramientos de los magistrados.
El tribunal pidió al Ejecutivo que justificara las capacidades y el perfil de los que fueran designados.
Esto, -consideró el Ejecutivo federal- el cuerpo colegiado había invadido competencias y facultades, por lo que la Consejería Jurídica impugnó y presentó la controversia constitucional, misma que fue desechada por el máximo tribunal y el Ejecutivo debe dar cumplimiento a la sentencia del tribunal, pero tendrá que transparentar los nombramientos mediante la justificación de la idoneidad.
Por lo pronto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa habilitó sus salas para recibir los asuntos relacionados en casos de corrupción.
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