La Secretaría de Gobernación debe garantizar el derecho de las personas procesadas o sentenciadas penalmente que estén en libertad a contar con una identificación con validez oficial que les permita ejercer este derecho y puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación, demandó el PRD en la Cámara de Diputados.
Señalan que de acuerdo con estadísticas del Sistema Penitenciario a mayo de 2017 había 210 mil 810 personas privadas de su libertad, de las cuales 79 mil 870 es decir, el 37.88%, se encontraban sujetas a proceso penal.
En el Censo Nacional e Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, del mismo año, se reportaron 267 establecimiento estatales registrados al cierre del 2016, de los cuales 92 eran recintos para hombres, 17 femeniles; 157 mixtos y un Centro de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto.
Dichos centros albergan a 188 mil 262 personas. Su capacidad instalada es para 170 mil 722 camas útiles.
Refieren los legisladores del sol azteca, que en el país, a la persona procesada, se le suspende su derecho a contar con una identificación con validez oficial que le permita, de igual forma, ejercer su derecho al voto; no obstante que se presuma su inocencia, se le priva de ese derecho debido a que el Estado no confía ni en el procesado ni en el condenado. Por ello les suspende ejercer roles sociales de confianza, por lo que se coarta el derecho de contar con una identificación.
La identidad, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es a través del nombre, apellido, nacionalidad, filiación, entre otros, que nos define como individuos. Sin este derecho, la persona no es reconocida jurídicamente y su inclusión en la vida laboral, educativa, política y social es altamente limitada.
En el país las identificaciones reconocidas con validez oficial son la credencial para votar, el pasaporte, la Cartilla del Servicio Militar y la Cédula Profesional que expide la Secretaría de Educación Pública.
La mayoría de las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas penalmente no cuenta con otro documento oficial de identificación que la credencial para votar.
Y enfatizan que el sistema penitenciario mexicano por años estuvo enfocado en la privación de la libertad como castigo y hasta fechas recientes, que el mandato constitucional lo encaminó a la reinserción social, por lo que piden que la Secretaría de Gobernación, les garantice contar con una identificación con validez oficial.
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