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Diversos penales de todo país están fuera de control por deficiencias

  • No se cuentan con suficientes acciones para prevenir o atender incidentes

Manrique Gandaria

En todos los penales del país, la falta de personal de seguridad y custodia, así como la prevención y atención de incidentes violentos, hace que no se cuentan con suficientes acciones para prevenir o atender incidentes como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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Por su parte, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, advierten que pese a diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales protectores de derechos humanos, al interior de los penales sigue existiendo sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

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El resultado del diagnóstico recalca que hasta finales del 2015 se tiene que en todos los reclusorios existe un deficiente control en el ejercicio de las funciones de la autoridad, así como el del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad, situación que vulnera la vigilancia y monitoreo que se debe tener sobre estos centros, “favoreciendo la violencia dentro de los mismos y el (llamado) autogobierno”.

Asimismo, se estipula en el reporte que de las 383 prisiones estatales, federales y militares que hay en el país, había a esa fecha poco más de 220 mil 218 personas recluidas, mientras que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) refiere que quitando las prisiones militares en 2016 la cifra subió a 233 mil 469 personas encarceladas, con una sobrepoblación de al menos 24 mil 211.

La CNS señala que a nivel nacional 221 mil 237 prisioneros son hombres y 12 mil 132 son mujeres, de los cuales 188 mil 842 están encarcelados por delitos del fuero común, de ello, 70 mil 11 han sido procesados. Solo 118 mil 831 sentenciados.

Mientras que un total de 44 mil 627 personas están encerradas por delitos federales, de las cuales 22 mil 358 están procesadas y solo 22 mil 269 han recibido sentencia.

En nuestro país, el Gobierno federal administra 17 centros penitenciarios -considerados de alta seguridad-, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo de 13, los gobiernos estatales de 278, y los municipales de 71.

Hasta junio del año pasado, la CNS había registrado al menos 181 incidencias en los penales (riñas, fugas, enfrentamientos, etc.) en donde estuvieron involucrados 377 internos.

A nivel estatal, la Comisión Nacional de Seguridad, a través del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, sostiene que los penales del Estado de México son los que presentan la mayor sobrepoblación, ya que en los 20 centros penitenciarios hay nueve mil 964 espacios existentes, pero se registra una población de 26 mil 297 presos, es decir, una sobrepoblación de 163.92 por ciento.

Le sigue el Ciudad de México donde hay 13 reclusorios, con espacio para 23 mil 927 internos, pero hay 33 mil 712 reos, con una sobrepoblación del 40.78 por ciento. El tercer lugar lo ocupa Jalisco que cuenta con 34 centros penitenciarios con 10 mil 270 espacios, donde conviven 16 mil 865 reos, con una sobrepoblación de 64.22 por ciento.

Puebla cuenta con 22 cárceles, con seis mil espacios donde conviven ocho mil 357 presos por lo que hay una sobrepoblación de 39.01 por ciento. Le sigue Hidalgo con 17 penitenciarias con dos mil 151 espacios y se registran tres mil 925 reos, lo que significa una sobrepoblación de 82.47 por ciento.

En este contexto, la CNDH advierte que solo en los centros estatales existe una sobrepoblación de 65 por ciento, destacando los Estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, entre otros.

El estudio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, de la CNDH, elaborado a partir de visitas a diversos reclusorios estatales, federales y militares del país, revela que en los hechos existe un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad, situación que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre el centro, favoreciendo la violencia dentro del mismo y el autogobierno.

Las visitas a los centros de reclusión se llevó a cabo en 2015, año en que se encontraban privados de su libertad poco más de 220 mil 218 personas, de las cuales, 194 mil 977 personas estaban en 359 centros penitenciarios estatales, varoniles, mixtos y femeniles lo que corresponde a 87 por ciento del total de la población recluida en centros estatales, señala la CNDH.

En tanto que en 21 centros federales, entre los que se cuenta el Complejo Penitenciario Islas Marías y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), se tiene una población global de poco más de 24 mil 455 internos, y las tres prisiones militares, las cuales albergan a 786 internos.

HASTA 30 REOS EN UNA CELDA

El Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) da una radiografía de lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios del país, en su mayoría no cuentan con clasificación entre procesados y sentenciados, hay hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

Una constante es la falta de manuales de procedimientos de ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza, solicitar audiencia con las autoridades, presentar quejas, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como una deficiente difusión de la normatividad que rige el Centro hacia los internos.

Esto aunado a la sobrepoblación, que genera problemas de salud y de seguridad, con áreas que rebasan de manera importante su capacidad, es decir, que en áreas donde deben convivir cuatro internos, se encuentran hasta 30.

Tal como ha ocurrido en el penal de Tamaulipas, la CNDH sostiene que en algunos centros se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.

Por lo que hace a centros federales, en algunos es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, existe hacinamiento en varios de ellos.

En cuanto a las prisiones militares, la situación más recurrente que se detectó es la relativa a la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, que dificulta la adecuada reinserción social.

Por entidad, la CNDH refiere que Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Tlaxcala, tiene los penales más “óptimos”, por lo que alcanzan calificación de siete y ocho. En contraparte, Nayarit, Querétaro, Guerrero, Hidalgo Tabasco, Chiapas, Tamaulipas y Nuevo León, ocupan los últimos lugares de calificación, (entre cuatro y cinco puntos) y en donde últimamente se han detectado riñas, fugas y homicidios.

El estudio revela que los centros penitenciarios donde los internos realizan actividades propias de la autoridad “autogobierno”, son: el centro de reinserción social de La Paz, Baja California, dos centros de reinserción social de Campeche, dos centros estatales y uno de reinserción social de Chiapas, la cárcel estatal de Ciudad Juárez, tres centros penitenciarios de Coahuila, los reclusorios Oriente, Norte, y Sur del Ciudad de México, así como el centro femenil y la penitenciaria de Santa Martha y el centro de reinserción de Durango.

También detectó autogobierno en tres penales de Guerrero, en cuatro de Hidalgo, tres en Jalisco, seis en el Estado de México, tres en Michoacán, dos en Morelos y Nayarit, tres en Nuevo León, donde se incluye el de Topo Chico y Cadereyta, uno en Oaxaca, Puebla y Querétaro, tres en Quintana Roo, uno en San Luis Potosí, tres en Sinaloa, cuatro en Sonora y Tabasco, tres en Tamaulipas, dos en Veracruz y Yucatán y dos en Zacatecas.

El resultado del señalado Diagnóstico indica que en 65 por ciento de los centros estatales existe sobrepoblación, destacando los estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango entre otros.

NO SE RESPETAN LOS DERECHOS HUMANOS: ONG

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil advierten de los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se dan al interior de los penales en México, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales protectores de los derechos humanos.

Organizaciones como Documenta/Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, la Universidad Iberoamericana Puebla, Instituto de Justicia Procesal Penal A.C., Madres y hermanas de la Plaza Pasteur y México Evalúa advierten que masacres como las acontecidas en el Centro Estatal Preventivo de Reinserción Social “Topo Chico” en el Estado de Nuevo León, en febrero pasado, en donde 49 personas perdieron la vida y 12 más resultaron heridas es la muestra más reciente y representativa de las múltiples violaciones a derechos humanos que ocurren cotidianamente en los centros penitenciarios.

“Esta realidad se da en el contexto de una profunda crisis de los mencionados derechos no reconocida por el Gobierno; diagnóstico que ha sido reiterado por diversos organismos internacionales”, señalan.

En este sentido, las ONG señalan que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de respeto y garantía en materia de derechos humanos de la población que se encuentra en reclusión –sea en prisión preventiva o en ejecución de sentencia–, así como de sus familiares, ni con las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos que les afectan
Refieren que como respuesta a este escenario de criminalidad se establecieron, entre otras medidas, reformas legislativas. El aumento de algunas penas (ejemplos: el delito de secuestro que de 50 años pasó a 90 años o la pena máxima de 50 años que se elevó a más de 100 años cuando los autores sean integrantes de alguna institución de seguridad pública), evidenció el populismo punitivo de este sistema.

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