Velázquez y Marín se deslindan de los hechos en Cruz Azul

Cooperativistas de la cementera Cruz Azul, encabezados por Manuel Velázquez y José Antonio Marín, se deslindaron de los hechos violentos ocurridos en la madrugada del 27 de abril y, a su vez, piden la intervención de las autoridades para investigar y sancionar a quienes resulten responsables.

A través de un comunicado, acusaron a Federico Sarabia y Alberto López, quienes además se ostentan como presidentes de los Consejos de Administración y de Vigilancia, hayan permitido el acceso a grupos vándalos ajenos a las instalaciones, agrediendo y poniendo riesgo en la comunidad.

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Hubo omisión de la policía para evitar la tragedia

“De parte de quienes integramos de manera legal y legitima a esta Cooperativa, en ningún momento se ha considerado la violencia como una opción para restituir nuestro patrimonio y toda acción emprendida en el pasado, se ha llevado a cabo con el apoyo de las autoridades”, se explicó en el comunicado.

Agregaron que en la cooperativa La Cruz Azul hay la firme convicción en las instituciones y consideran que la violencia engendra más violencia. La ilegalidad siempre será la principal fuente para la inestabilidad social, la falta de certeza y todo tipo de hechos reprobables como los sucedidos en la madrugada.

Aclararon, que en todo momento, las acciones en contra de Federico Sarabia, y a quienes hasta el día de hoy mantienen retenida ilegalmente la planta, se ha llevado a cabo por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica, pero sobre todo, la integridad física de los ocupantes.

En la madrugada de hoy un grupo de vándalos invadió la cementera Cruz Azul, ubicada en la comunidad de Jasso, en Tula de Allende, donde arrojó un saldo de varios muertos y heridos. El conflicto deriva desde hace años por el control de la planta.

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Manuel Velázquez y José Antonio Marín, emprendieron una lucha legal para recuperar la dirección de la empresa. Lograron que un juez les otorgara una orden de desalojo para recuperar el control de la planta y el 15 de diciembre de 2021 hubo un primer intento de cumplimentar dicha orden.

Foto: La ilegalidad siempre será la principal fuente para la inestabilidad social, se lee en el comunicado