Suman 44 medidas de apremio contra sujetos obligados: ITAIH

La mayoría de las acciones han sido dirigidas a los ayuntamientos por incumplimiento

Ignacio García

  · lunes 5 de junio de 2023

El ITAIH detalló que se han cumplido con obligaciones de transparencia. | Foto: Blanca E. Gutiérrez.

En lo que va del año, en Hidalgo se han registrado 44 medidas de apremio contra sujetos obligados por incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, de acuerdo con datos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH).

El organismo autónomo reveló que la mayoría de las instituciones que recibieron medidas de apremio fueron los ayuntamientos como Yahualica por incumplimiento de resolución, así como Atotonilco de Tula por falta de obligación de transparencia, y los sindicatos municipales de Tizayuca y Atotonilco El Grande por las mismas razones.

Entre otros sujetos obligados a los que el ITAIH impuso medidas de apremio se encuentran los partidos polìticos Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT) por incumplimiento en obligaciones de transparencia.

El ITAIH aplicó estas medidas de apremio contra los ayuntamientos de Xochicoatlán, Tulancingo, Tlanalapa, Tlahuelilpan, Tezontepec, Tepetitlán, Tecozautla, Santiago Tulantepec, San Bartolo Tutotepec, Progreso, Pacula, Nopala, Mixquiahuala, Mineral del Monte, La Misión, Jacala, Huehuetla, Huazalingo, Emiliano Zapata, Yahualica, Xochiatipan, Tetepango, Tepeji del Río, Tasquillo, Calnali, Alfajayucan, Acaxochitlan, Cuautepec, Chilcuautla, Atotonilco El Grande, Almoloya, Ajacuba, Agua Blanca, Acatlán y Singuilucan.

De acuerdo con el ITAIH, estos sujetos obligados deben cumplir con sus respectivas obligaciones en materia de transparencia, es decir, en aquellos casos en los que no dieron a conocer información relacionada con lo que corresponde la Ley de Transparencia del estado.

En los primeros meses de este año se han registrado más medidas de apremio en contra de los ayuntamientos por el incumplimiento en las obligaciones de transparencia que competen a la normativa estatal por solicitudes de información presentadas por la ciudadanía.