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Sí hay ley para remate de autos

  • Julio Hernández
  • en Local

Pachuca, Hidalgo.- Las autoridades municipales o la Procuraduría de Justicia pueden reclamar la propiedad de los automotores depositados en los corralones que estén relacionados con una infracción de tránsito o un hecho ilícito luego de tres años de no ser reclamados, y en lo único que sí se debe legislar es en que no sean excesivos los costos de arrastre y depósito a fin de garantizar el derecho de propiedad de esos automóviles.
Así lo planteó el diputado local panista y presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso Local, Luis baños Gómez, en relación con lo señalado por Uriel de Jesús Moreno Castro, coordinador de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo, quien dijo que la sobresaturación de vehículos en los corralones se debe a falta de legislación para disponer de ellos.
El legislador explicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que es posible que una vez que la unidad fue inspeccionada por peritos y fotografiada, puede entregarse a sus propietarios, y si no hay nadie quien lo reclame, el Código Civil del Estado de Hidalgo establece un plazo para iniciar un procedimiento de prescripción positiva adquisitiva aplicable a esos bienes muebles.
“Señala que si en tres años nadie reclamó un mueble, este podrá ser reclamado por quien lo tenga en su posición. En este caso, si está en un depósito que está a disposición de una autoridad administrativa, se entiende entonces que si en ese tiempo no se reclamó, pasará a ser propiedad de la autoridad pública, como es el municipio o la procuraduría si es que estuvo bajo su disposición”.
Agregó que “eso ya está establecido en el Código Civil de Hidalgo y lo que pasa es que a veces lo plazos y términos se alargan o no se desarrollan conforme debiera ser, y ahora tenemos una sobresaturación en los corralones. A eso se suma el fenómeno de robo de combustibles, con el que también se aseguran vehículos.
“El Código señala que el Estado puede legalmente apropiarse de ellos, y en consecuencia hacer lo que corresponda: un inventario de los que ya no sean útil, o de lo contrario podrán licitarlos conforme a las leyes administrativas que ya tienen a su disposición el Gobierno del Estado o los gobiernos municipales o la Procuraduría General de Justicia si es que los tiene bajo su custodia”.
Planteó que, bajo este contexto, el Gobierno del Estado deberá prever la ampliación de los espacios para el resguardo de los vehículos, en su caso, y vigilar que los procesos se lleven adelante”.
COSTOS ELEVADOS POR GRÚAS Y CORRALONES
En cuanto al tema de las grúas, que viene vinculado con los depósitos, dijo, hay algunos que están concesionados a empresas particulares, y es donde los diputados tendrán que trabajar para exigir mayor transparencia a quién estableció las tarifas.
“Podría ser el Ejecutivo del Estado con la autorización del Congreso Local. En el caso de concesiones, es el Ejecutivo quien señala las tarifas. Creo que aquí sí falta reglamentación, y es donde el Congreso  deberá apegarse más para el efecto de establecer reglas claras: cómo deben de operar, bajo qué cuotas y tarifas las grúas, y qué estas obviamente sean de manera pública y no sean excesivas a las finanzas de la ciudadanía”.
En cuanto al costo del corralón, apuntó que por no erogar fuertes cantidades hay personas que prefieren perder su auto “y eso es lo que debemos evitar. Creo que no se deben permitir abusos de esas empresas privadas en contra de los propietarios de los vehículos, a fin de que se pueda resguardar el derecho de propiedad de los legítimos dueños”.
PROCURADURÍA, OMISA PARA DEVOLVER AUTOS ROBADOS
El legislador señaló que en el caso de los autos robados, los procesos administrativos deben respetarse, y si nadie los reclama se seguirán las reglas de la prescripción sobre bienes muebles.
“Si hay reporte de robo donde existen automovilistas que han acreditado la propiedad y la reclaman, es donde la Procuraduría, considero, no se está apegando a toda la normativa o hay omisiones en su trabajo. Debían realizar los procesos de manera más rápida y expedita”.
Finalmente, dijo que la Procuraduría debería buscar a los dueños a través de notificaciones y trabajos relacionados, a fin de que se puedan restituir estos bienes a sus legítimos dueños.

EL CÓDIGO CIVIL ESTABLECE:

Artículo 1228.- Los bienes muebles se prescriben en tres años cuando son poseídos con buena fe, pacífica y continuamente. Faltando la buena fe, se prescribirán en cinco años.
Artículo 1231.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad.

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