Inhabilitan a regidora por otro año

La munícipe supuestamente omitió su declaración patrimonial de fin de cargo y generó la amonestación

Rosalía Maldonado

  · domingo 30 de mayo de 2021

Marcela N al parecer tiene abiertas otras investigaciones. / CORTESÍA: MARCELA MARTÍNEZ

ATOTONILCO DE TULA, Hgo.- Por no haber presentado su declaración patrimonial de conclusión de cargo, cuando fungió como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, la regidora del partido del Trabajo, Marcela N. N. fue inhabilitada por un año, hasta mayo de 2022. Se trata de la segunda sanción que le imponen, lo que no le ha permitido ocupar el cargo en el Ayuntamiento.

El Concejo Municipal que estuvo a cargo de Rómulo Eugenio Navarrete Noble inhabilitó en octubre del 2020 a Marcela N., esposa del diputado federal y exalcalde Julio César Ángeles Mendoza, por cinco meses como servidora pública, debido a que durante el correspondiente pasado proceso de entrega-recepción se encontraron faltas administrativas en su ejercicio, que ocurrió de 2016 al 2020.

Su inhabilitación concluyó en marzo pasado, y se esperaba que Marcela N. se incorporara al Ayuntamiento pero ya no lo podrá hacer ya que, en el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados, aparece que el gobierno municipal de Atotonilco de Tula le impuso una nueva sanción, por un periodo de un año, a partir del 11 de mayo del 2021, que quedó consignado en el expediente PMAT/CIM/ PRA/02/2021.

Al respecto el Contralor Municipal, Misael López Doniz explicó que a Marcela N. se le inició un procedimiento, debido a que omitió presentar su declaración patrimonial al término de su gestión como presidenta del DIF Municipal, incumpliendo con una obligación establecida en la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que está considerado como una falta administrativa no grave.

Dijo que atendido a las labores de la Contraloría y en apego a la legalidad, revisaron los archivos de la oficina de la Contraloría, pero no encontraron la documentación que respaldara que cumplió con el trámite que es obligatorio, por lo que se le generó una nueva sanción que le impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

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