La diputada Érika Rodríguez Hernández, quien es integrante del grupo legislativo del PRI, presentó un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de defensa a personas indígenas reclusas por asuntos de índole local.
Aseguró que es el primer exhorto a la SCJN en la historia del congreso hidalguense, dirigido al ministro presidente en su calidad de presidente del consejo de la judicatura federal, para que considere la viabilidad de incorporar al estado de Hidalgo en la implementación del programa piloto para que defensoras y defensores públicos federales puedan acudir en auxilio de mujeres y personas indígenas en reclusión, en este tipo de asuntos.
A nivel nacional, informó la legisladora, Hidalgo cuenta con el 12.3 por ciento de la población indígena total del país, colocándose en el quinto lugar con mayor índice de personas pertenecientes a los pueblos originarios, tan solo por debajo de los estados de Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero.
En cuanto a materia penitenciaria, precisó Érika Rodríguez, con información del cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional del pasado mes de abril del año 2022, el estado de Hidalgo cuenta con una población privada de la libertad de 4 mil704 personas, ubicándose en el lugar décimo tercero a nivel nacional en cuanto a población interna en sus doce centros de reinserción social y tres cárceles distritales.
“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) informó en el pasado año 2021, que la población indígena en los centros penitenciarios del estado, durante los últimos cinco años, ha sido de aproximadamente 350 personas” señaló la diputada priista.
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