/ jueves 16 de mayo de 2024

Caso Coamila: Funcionarios no aplican la Ley de Libertad de Culto, un mes sin solución

El pastor Rogelio Hernández acusó que los servidores públicos actúan de forma parcial

El pastor Rogelio Hernández acusó en rueda de prensa virtual del 15 de mayo, que las autoridades municipales de Huejutla y del gobierno del estado actúan de forma parcial a favor de la mayoría católica y quieren poner los usos y costumbres de Rancho Nuevo por encima de la Constitución de Mexicana, a un mes de que fueron desplazados forzadamente 172 personas de Coamila, por profesar la religión evangélica.

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El integrante de la congregación “La Gran Comisión” de la Iglesia Bautista Fundamental, que ha participado en las reuniones con el alcalde interino y el secretario general municipal de Huejutla, José de Pilar López y Said Vargas Castelán, respectivamente, y por parte de la Subsecretaría de Gobierno estatal, Marco Antonio Ramos Moguel y otro de nombre Yamir “N”, y de la Comisión de Derechos Humanos, y autoridades comunitarias de Rancho Nuevo, informó que a un mes de que huyeron de la comunidad, no han podido aplicar la ley menos la justicia para que vuelvan a sus hogares.

Recordó que hace un mes, observaron como Mateo Hernández Hernández, un integrante de las filas del Ejército Méxicano, que estaba de vacaciones, apoyado de una escalera subió a los postes para cortar el servicio eléctrico a las viviendas, además de que los vecinos católicos los amenazaban y por temor familias completas salieron huyendo o fueron desplazadas forzadamente.

Así como ese caso, que inició desde 2015, y que a la fecha ningún gobierno ha impartido la justicia para los infantes que les negaron el acceso a una educación pública y gratuita las autoridades de Rancho Nuevo.

Y no es el único, hay como 20 más evidencias testimoniales de intolerancia religiosa, así lo afirmó Pablo Vargas, Jiménez, director de Impulso 18 y representante en México de Solidaridad Cristiana Mundial (CSW por sus siglas en inglés), quien participó en la conferencia de prensa virtual.

Para ambos, la Ley de libertad y creencia religiosa en México, no antepone los usos y costumbres de las comunidades a la Constitución Política del país.

Por el momento, los 172 desplazados, entre infantes, mujeres (tres enfermas de diabetes) y hombres, requieren colchonetas, alimentos no perecederos, insulina, “mucha agua” y “un médico” porque solo asiste una enfermera, en el refugio temporal improvisado dentro de la unidad deportiva Colalambra, solicitó Rogelio Hernández.

En tanto, los funcionarios municipales y estatales citados, quieren que abandonen su religión y se sometan a las condiciones de la mayoría católica para que puedan volver a sus casas, apuntó.


El pastor Rogelio Hernández acusó en rueda de prensa virtual del 15 de mayo, que las autoridades municipales de Huejutla y del gobierno del estado actúan de forma parcial a favor de la mayoría católica y quieren poner los usos y costumbres de Rancho Nuevo por encima de la Constitución de Mexicana, a un mes de que fueron desplazados forzadamente 172 personas de Coamila, por profesar la religión evangélica.

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El integrante de la congregación “La Gran Comisión” de la Iglesia Bautista Fundamental, que ha participado en las reuniones con el alcalde interino y el secretario general municipal de Huejutla, José de Pilar López y Said Vargas Castelán, respectivamente, y por parte de la Subsecretaría de Gobierno estatal, Marco Antonio Ramos Moguel y otro de nombre Yamir “N”, y de la Comisión de Derechos Humanos, y autoridades comunitarias de Rancho Nuevo, informó que a un mes de que huyeron de la comunidad, no han podido aplicar la ley menos la justicia para que vuelvan a sus hogares.

Recordó que hace un mes, observaron como Mateo Hernández Hernández, un integrante de las filas del Ejército Méxicano, que estaba de vacaciones, apoyado de una escalera subió a los postes para cortar el servicio eléctrico a las viviendas, además de que los vecinos católicos los amenazaban y por temor familias completas salieron huyendo o fueron desplazadas forzadamente.

Así como ese caso, que inició desde 2015, y que a la fecha ningún gobierno ha impartido la justicia para los infantes que les negaron el acceso a una educación pública y gratuita las autoridades de Rancho Nuevo.

Y no es el único, hay como 20 más evidencias testimoniales de intolerancia religiosa, así lo afirmó Pablo Vargas, Jiménez, director de Impulso 18 y representante en México de Solidaridad Cristiana Mundial (CSW por sus siglas en inglés), quien participó en la conferencia de prensa virtual.

Para ambos, la Ley de libertad y creencia religiosa en México, no antepone los usos y costumbres de las comunidades a la Constitución Política del país.

Por el momento, los 172 desplazados, entre infantes, mujeres (tres enfermas de diabetes) y hombres, requieren colchonetas, alimentos no perecederos, insulina, “mucha agua” y “un médico” porque solo asiste una enfermera, en el refugio temporal improvisado dentro de la unidad deportiva Colalambra, solicitó Rogelio Hernández.

En tanto, los funcionarios municipales y estatales citados, quieren que abandonen su religión y se sometan a las condiciones de la mayoría católica para que puedan volver a sus casas, apuntó.


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