Hidalgo no cuenta con un programa pospenitenciario, así lo reveló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su estudio denominado Cooperación para la reinserción social.
En el documento se pone en evidencia que Hidalgo junto con otras entidades no cuentan con un sistema pospenitenciario en que considere algún tipo de convenio o suscripción con instituciones públicas o privadas para conformar una bolsa de trabajo para la población egresada de los centros penitenciarios.
Mucho menos ha signado convenios con empresas para emplear a la población egresada de los Ceresos, ni proporcionado asesoría o asistencia periódica a los exreclusos. Ni siquiera ha dado seguimiento a los tratamientos contra las adicciones, ni ha creado albergues para programas pospenitenciarios.
De ahí que la CNDH recomienda desarrollar un nuevo modelo de trabajo penitenciario que haga posible la reducción significativa de la reincidencia delictiva, así como la mejora sensible de la reinserción social de las personas privadas de la libertad. “Lo más recomendable parece ser que el Estado contrate la construcción de las prisiones, obteniendo los recursos financieros al costo más bajo posible en el mercado.
Desde el punto de vista de la eficiencia operativa, lo más adecuado es subrogar las actividades que, dentro de los penales, serían mejor desempeñadas por la iniciativa privada”.
Las asociaciones público-privadas pueden ser una alternativa que ha sido utilizada por diversos países, principalmente por dos motivos: liberan al Estado de la carga administrativa y económica que implican estas instituciones públicas, y mejoran su infraestructura y la calidad de los servicios, se argumenta en el estudio presentado por la CNDH.
