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Tras el inicio de los foros para la Reforma Judicial el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, propuso la creación de un comité que evalúe a las y los aspirantes a jueces y magistrados, previo a ser votados en elección popular.
Según su propuesta, antes de poder competir en una elección, las y los candidatos deberán realizar un examen público oral, teórico-práctico y al que todos puedan asistir, con el fin de asegurar que cumplan con los requisitos necesarios.
Entre estos, con lo que mandata la Constitución, que demuestren una buena fama pública, el prestigio profesional; posteriormente, aplicar examen. Una vez aprobado, las y los aspirantes deberán ser votados en elección popular.
“No pongo en duda la capacidad de muchos pero sí debe darse una sacudida al Poder Judicial, a las Fiscalías, a todos, porque el reclamo de la sociedad es justicia y se han anquilosado las instituciones”, dijo.
Subrayó que no debe haber miedo a la calificación de la gente, “se tienen que modificar los sistemas para tener mejores cuadros, particularmente en la procuración de justicia, permite oxigenar a los funcionarios”.
La propuesta, precisó, la entregó al senador por el partido Morena, Ricardo Monreal Ávila. Opinó que no es “descabellado” la elección, mediante voto popular, de jueces y magistrados, pues en varios países se utiliza.
“Es buscar las fórmulas donde se tenga personal altamente preparado y comprometido, que muchos de ellos no podían participar, como las y los ministros, magistrados, jueces, funcionarios judiciales y que tomen en cuenta la carrera del poder judicial, a fin de que puedan acceder a los juzgados”.
El gobernador Julio Menchaca dijo que también la reforma al Poder Judicial permitirá mejores salarios. Actualmente, es desproporcional el ingreso que tienen los trabajadores del Poder Judicial federal con los juzgadores locales, a quienes les reconoció su buen desempeño.
Precisó, como presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), también planteó una iniciativa concurrente del delito de robo de combustible para que atienda los estados y federación.
Expresa la posibilidad de extensión de dominio para que los predios, vehículos y otros bienes muebles e inmuebles pasen a ser propiedad del estado.
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