/ sábado 24 de agosto de 2019

Por empresas fantasmas, ocho años de prisión

EN LA CMIC

Nuvia Mayorga, senadora de la República, acudió con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Hidalgo, a fin de explicar la propuesta de sancionar y regularizar a empresas fantasma, sin que sea equiparable a delincuencia organizada o un tema de seguridad nacional.

Previó a la reunión la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, explicó en entrevista, que su partido político y los que no son mayoría actualmente en Senado, están a favor de la regularización, pero también sanción de empresas fantasma o “que compren o vendan facturas, pero que no sea una persecución a empresarios”.

En este sentido, la propuesta, la que posiblemente se votará en septiembre próximo, es que la acción sea penada con cinco a ocho años de prisión y no de tres a seis años, como actualmente indica la ley.

“No queremos que se convierta en un terrorismo fiscal porque ahuyentará al empresario y se irá a la informalidad. Aquel empresario con inversión extranjera quiera colocarse en México le dará miedo, porque cualquier error se catalogara como delito fiscal, como si fuera delincuencia organizada”, señaló la también secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.

Mayorga mencionó, de acuerdo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), que las operaciones de empresas fantasmas ascienden a una pérdida anual de 1.6 billones de pesos.

DATOS

De acuerdo a la SHyCP las operaciones de empresas fantasma asciende a una pérdida anual de 1.6 mdp.

Nuvia Mayorga, senadora de la República, acudió con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Hidalgo, a fin de explicar la propuesta de sancionar y regularizar a empresas fantasma, sin que sea equiparable a delincuencia organizada o un tema de seguridad nacional.

Previó a la reunión la senadora del Grupo Parlamentario del PRI, explicó en entrevista, que su partido político y los que no son mayoría actualmente en Senado, están a favor de la regularización, pero también sanción de empresas fantasma o “que compren o vendan facturas, pero que no sea una persecución a empresarios”.

En este sentido, la propuesta, la que posiblemente se votará en septiembre próximo, es que la acción sea penada con cinco a ocho años de prisión y no de tres a seis años, como actualmente indica la ley.

“No queremos que se convierta en un terrorismo fiscal porque ahuyentará al empresario y se irá a la informalidad. Aquel empresario con inversión extranjera quiera colocarse en México le dará miedo, porque cualquier error se catalogara como delito fiscal, como si fuera delincuencia organizada”, señaló la también secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.

Mayorga mencionó, de acuerdo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), que las operaciones de empresas fantasmas ascienden a una pérdida anual de 1.6 billones de pesos.

DATOS

De acuerdo a la SHyCP las operaciones de empresas fantasma asciende a una pérdida anual de 1.6 mdp.

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