En conferencia de prensa ofrecida hoy, representantes de cinco asociaciones de colegios privados en el país reiteraron su rechazo al proyecto de la NOM- 237, pues debido a que significa una sobrerregulación del servicio educativo, provocaría el cierre en lo inmediato de 18 mil colegios a nivel nacional y 35 en Hidalgo.
De acuerdo con lo expuesto por los dirigentes del sector, el cumplimiento la Norma Oficial Mexicana 237, que promueve la Secretaría de Economía federal, generaría diversas afectaciones económicas a los colegios privados, por lo que representa un duro golpe a este gremio que ya resiente los efectos provocados por la pandemia de coronavirus (Covid-19).
Tras aclarar que los colegios privados no son establecimientos mercantiles, recalcaron que esa norma es inconstitucional, invasiva de las facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Además, señalaron, los padres de familia también se verían afectados con un incremento en las colegiaturas debido a que las instituciones trasladarían los costos que implica el cumplimiento de las nuevas inspecciones y verificaciones.
“Ello provocará un mayor abandono escolar y limitará el acceso a la educación que el estado no puede ofrecer”, argumentados. En el ámbito estatal, la presidenta de la Federación de Colegios Particulares de Hidalgo detalló que de los 350 planteles agremiados a esta institución, el 10 por ciento estarían en riesgo ante la entrada en vigor de esta normativa.
En tanto, Itzel Carmona, representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), recalcó que en todo el país el peligro de cierre es latente para 18 mil planteles, pues cumplir con las exigencias de la SE encarecería hasta en 30 por ciento sus costos de operación.
Según los inconformes, las instituciones particulares ya están reguladas por la Secretaría de Educación Pública y por el Acuerdo del 10 de marzo de 1992, de manera que no correspondería a la SE evaluar el sistema educativo.
Explicaron que los colegios ya cumplen con las reglamentaciones requeridas por diferentes dependencias para operar, por ejemplo las del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Protección Civil, por lo cual, cumplir con las exigencias de la NOM-237 implicaría una duplicidad de procesos.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el objetivo de esta propuesta regulatoria es establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a los padres de familia sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad.
Dato: Según los inconformes, las instituciones particulares ya están reguladas por la Secretaría de Educación Pública y por el Acuerdo del 10 de marzo de 1992, de manera que no correspondería a la SE evaluar el sistema educativo.
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