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Daniela Téllez del Valle, directora ejecutiva de la asociación civil y colectiva feminista Di Ramona, pidió regular la maternidad subrogada en el estado de Hidalgo, la cual consiste en el alquiler de vientres, esto, con la finalidad de disminuir la clandestinidad y proteger los derechos de las personas que intervienen en esta práctica, sobre todo de las gestantes.
En entrevista para El Sol de Hidalgo, la activista refirió que esta práctica es un contrato en el que una mujer acepta gestar a un bebé para una persona o una pareja, con la finalidad de que la madre, el padre o ambos, críen a la criatura; por ello, explicó que una adecuada regulación, protegerá a ambas partes.
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Comentó que hay dos razones principales por las que se da esta situación, una de ellas, es por el intercambio económico que se da entre los participantes, del cual no existe un estándar, sin embargo, precisó que cada empresa, agencia o clínica, ya sea nacional o extranjera, pone su precio; expuso que algunas pueden no estar laborando directamente en Hidalgo, pero sí ubicarse en Ciudad de México o en alguno de los estados del país en donde está “pobremente” regulado como Sinaloa y Tabasco, desde donde se puede estar generando la captación de mujeres vía redes sociales.
“Estos establecimientos fungen como mediadores entre los padres o madres intencionales y las personas gestantes y pueden cobrar decenas de miles de dólares por sus servicios, cifra que puede ascender a los 60 mil dólares de la cual, muy poco llega a las personas gestantes”, dijo.
Asimismo, indicó que las gestantes también acceden a este tipo de acciones por razones altruistas, como un acto solidario hacia amistades o familiares, por lo que se debe supervisar este intercambio: “En nuestro estado hay un enorme vacío legal que permite que se actúe desde la clandestinidad”, lamentó.
Téllez del Valle, comentó que el estado debe ser el encargado de vigilar esta práctica para garantizar las condiciones en las que se realiza: “La no regulación o la prohibición de la práctica, no la hace desaparecer, lo que sí genera, es empeorar las condiciones de desigualdad, abuso y clandestinidad para todas las partes involucradas”, manifestó.
Por ello, invitó al Congreso Estatal, a otras organizaciones y colectivos locales, a involucrarse en la regulación de este tema, con la finalidad de preservar los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los involucrados: “Hidalgo no puede seguir en el vacío legal de esta realidad, que solamente deja en el limbo y en la persecución a quienes suelen ser las partes involucradas con mayor vulnerabilidad, mujeres gestantes e infantes”, finalizó.
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