Líderes del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Hidalgo tienen opiniones encontradas respecto a la llegada de Pablo Gómez a la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, por un lado señalan que la dependencia seguirá siendo un brazo de persecución política, mientras que otros le dan el beneficio de la duda.
El presidente del PAN en Hidalgo, Cornelio García Villanueva, apostó por la trayectoria de Pablo Gómez, al señalar que con su nombramiento se deje de utilizar como instrumento político contra los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Respecto de la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comentó “se fue el terrorista de la sociedad”.
Por otro lado, el presidente del Partido Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), Sergio Hernández Hernández, lamentó que no se separe la vida privada de lo público, y que “un buen funcionario que cumplía bien su responsabilidad” haya sucumbido al “amarillismo y llevado al extremo”.
Respecto al arribo de Pablo Gómez, en este como en otros casos, dijo que el partido estará siempre a favor de que nombren a personas con los conocimientos y el perfil que el cargo tan delicado requiere.
Por su parte, Héctor Chávez Ruiz, delegado político nacional del PRD Hidalgo, sostuvo que “el nombramiento de Pablo Gómez tiene que ver con que el presidente siga teniendo un brazo ejecutor que le permita perseguir a opositores y que le permita seguir haciendo su santa voluntad en el país”.
Agregó que si bien considera que es una persona preparada encuadra con el perfil que el presidente les ha señalado: “deben tener el 10 por ciento de capacidad y el 90 por ciento de lealtad”.
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, consideró que el nombramiento no sea politizado y se atiendan los temas relativos a sus funciones. Manifestó que es competencia del presidente de la República y en tanto se cumpla lo establecido en la ley es una de sus facultades, por lo que consideró que debe ejercer sus labores conforme a lo establecido en el ámbito legal.
Todos coincidieron en que se abra una investigación si es que existe duda de la procedencia de recursos y del dinero que se supo llevaba un empresario, ello para “poner remedio”.