TLAHUELILPAN. Tiene ya dos años de la explosión e incendio de un oleoducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurrida en la colonia San Primitivo, y para las familias de las 137 personas que murieron, parece inalcanzable la tranquilidad.
Además de la ausencia física del ser querido, su economía está en situación crítica porque se les dejó en el olvido y porque algunos ven con frustración que esta tragedia no sirvió para desalentar a las bandas de huachicoleros, quienes siguen extrayendo impunemente millones de litros de hidrocarburo, poniéndoles en riesgo.
La economía de las familias se fue a pique porque la mayoría de las víctimas eran los proveedores del hogar, en su mayoría trabajadores del campo, albañiles, comerciantes y hasta hoy pocos apoyos gubernamentales han recibido sus deudos, situación que se agravó desde marzo pasado a consecuencia de la pandemia por el Covid-19 que frenó la actividad económica del país entero.
La emergencia sanitaria, de hecho, sirvió de argumento al gobierno federal para postergar el cumplimiento de los compromisos realizados con los gobiernos locales y los deudos. Si bien algunos de los menores que quedaron en orfandad hoy reciben becas escolares, esto es gracias a que la mayoría ya eran beneficiarios y es una prebenda que reciben muchos otros niños que no fueron afectados.
En cuanto a los recursos comprometidos por la Secretaría de Gobernación (Segob) “para reactivar la economía”, estos aún no llegan y todo parece indicar que por la circunstancia económica tal vez no se concrete su asignación.
Desafortunadamente será difícil desalentar el huachicol de hidrocarburos porque esa actividad ilícita es la que mantiene a flote la economía de la zona sur del estado de Hidalgo.
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