/ lunes 24 de junio de 2024

Intensificó la 4T extinción de dominio en 2023 y 2024

La PGJEH los relaciona con 16 delitos, entre ellos secuestro, desaparición de persona cometidas por particulares, homicidio, trata de personas y narcomenudeo

De enero de 2016 a abril del año 2024, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) suma un total de 272 inmuebles asegurados con el propósito de extinción de dominio, de los que el 14 por ciento se inició el proceso penal en los seis años de la administración del exmandatario y hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad, mientras que el 86 por ciento se dio en los primeros 20 meses del mandato de Julio Menchaca Salazar, quien llegó al cargo bajo la bandera la Cuarta Transformación.

Lo anterior es conforme a datos proporcionados por la PGJEH a través de la solicitud de información presentada en abril pasado, con terminación 1324, en la que la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo también informa que mantendrá como información reservada por cinco años si esas propiedades fueron devueltas a su dueño, procedió la extinción de dominio a favor del gobierno estatal o sigue bajo resguardo.

Extinción de dominio por 16 delitos

Según el documento, fechado el tres de junio en San Agustín Tlaxiaca, donde sesionó de forma extraordinaria el el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, son 16 delitos en los que están relacionados estos 272 procesos de extinción de dominio en propiedades ubicadas en 36 de los 84 municipios hidalguenses :

Asalto y Robo, Robo, Receptación, Desmantelamiento, Fraude, Despojo, Secuestro, Privación Ilegal de la Libertad, Feminicidio, Desaparición de persona cometidas por particulares, Homicidio, Trata de personas, Narcomenudeo, Narcomenudeo en hipótesis de posesión con fines de suministro, Narcomenudeo en su hipótesis con fines de comercio y Narcomenudeo en hipótesis de posesión simple.

Las propiedades están ubicadas en los municipios de Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Ajacuba, Apan, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Huejutla, Ixmiquilpan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala y Nopala de Villagrán.

Además se encuentran en Pachuca de Soto, Progreso de Obregón, San Bartolo Tutotepec, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tetepango, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Zapotlán, Zempoala y Zimapán.

2024… ¿Año de procesos para la extinción de dominio?

Según promedios del inicio de los procesos penales por extinción de dominio relacionados con 16 delitos, los primeros cuatro meses de 2024 representa el 31.25 por ciento del total de los 272 carpetas iniciadas, al sumar ese cuatrimestres un total de 85.

En enero de este año fueron 20 las propiedades aseguradas por la PGJEH, mientras que en febrero 24, en marzo 22 y en abril 19, cifras superiores en relación con los mismos meses de 2023, en los que, respectivamente, fueron aseguradas 19, 10, 6 y 8 inmuebles.

El año pasado la Procuraduría aseguró un total de 136 inmuebles, cantidad que representa el 50 por ciento de las 272 resguardadas, siendo 19 en enero, 10 en febrero, 6 en marzo , 8 en abril, 14 en mayo, 9 en junio, 14 en julio, 9 agosto, 11 septiembre, 11 octubre, 12 noviembre y 13 diciembre

En tanto, en 2022 fueron 29 las propiedades aseguradas, lo que representa el 10.6 por ciento del total, siendo en enero 1, en febrero 4, marzo 1, abril 2, mayo 2, junio 3, julio 2, agosto 1, septiembre 3, octubre 2, noviembre 4 y diciembre 4.

Este año se dio la renovación del Poder Judicial, por lo que de enero a agosto los procesos corresponden a los últimos meses del mandato de Omar Fayad, con 26 procesos, y al de Julio Menchaca el periodo septiembre-diciembre, con 13 casos.

Mientras que en 2021 solo fueron 11 los bienes asegurados por la PGJEH: ninguno en enero, 1 en febrero, ninguno en marzo, 1 en abril, 1 en mayo, 2 en junio, 2 en julio, 1 en agosto, 1 en septiembre, ninguno en octubre, 1 en noviembre y 1 en diciembre.

Fue en el periodo de 2016 a 2020 en donde los procesos por extinción de dominio, según los datos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, fueron menos, pues en los primeros cuatro años y cuatro meses de la administración de Omar Fayad, se registraron 11 casos, siendo ninguno de septiembre a diciembre de 2016, cuatro en 2017, dos en 2018, uno en 2019 y cuatro en 2020.

Información reservada por cinco años

En la respuesta a la solicitud de información presentada, la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo dio algunos argumentos respecto al porqué no informar si esas propiedades fueron devueltas a su dueño, procedió la extinción de dominio a favor del gobierno estatal o sigue bajo resguardo, entre ellos el siguiente:

“La información solicitada respecto a si se devolvió a su dueño, se aplicó la extinción de dominio y si sigue bajo resguardo policial se considera reservada y para no vulnerar la investigación, la protección a las víctimas y al imputado, con fundamento en los artículos 104, 108 tercer párrafo, 113 fracciones XII, XIII así como el numeral 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 106 y 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo y 17 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo”.

Sin embargo, cabe señalar que si los bienes ya fueron reintegrados a su dueño o la extinción no son de dominio resultó a favor del gobierno estatal, son casos resueltos que no estarían bajo investigación y que deberían ser públicos, pues en la solicitud de información presentada sólo se solicitó el número de esos casos, no así la dirección donde se ubican los inmuebles ni el nombre de los particulares involucrados ni el de las víctimas.

Cabe señalar que la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Hidalgo fue promulgada el 21 de marzo de 2011 y abrogada 10 años después, el 12 de abril de 2021, luego de una reforma a la Carta Magna el 14 de marzo de 2019, en que se daba como atribución exclusiva al Congreso de la Unión el expedir leyes en esa materia.


De enero de 2016 a abril del año 2024, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) suma un total de 272 inmuebles asegurados con el propósito de extinción de dominio, de los que el 14 por ciento se inició el proceso penal en los seis años de la administración del exmandatario y hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad, mientras que el 86 por ciento se dio en los primeros 20 meses del mandato de Julio Menchaca Salazar, quien llegó al cargo bajo la bandera la Cuarta Transformación.

Lo anterior es conforme a datos proporcionados por la PGJEH a través de la solicitud de información presentada en abril pasado, con terminación 1324, en la que la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo también informa que mantendrá como información reservada por cinco años si esas propiedades fueron devueltas a su dueño, procedió la extinción de dominio a favor del gobierno estatal o sigue bajo resguardo.

Extinción de dominio por 16 delitos

Según el documento, fechado el tres de junio en San Agustín Tlaxiaca, donde sesionó de forma extraordinaria el el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, son 16 delitos en los que están relacionados estos 272 procesos de extinción de dominio en propiedades ubicadas en 36 de los 84 municipios hidalguenses :

Asalto y Robo, Robo, Receptación, Desmantelamiento, Fraude, Despojo, Secuestro, Privación Ilegal de la Libertad, Feminicidio, Desaparición de persona cometidas por particulares, Homicidio, Trata de personas, Narcomenudeo, Narcomenudeo en hipótesis de posesión con fines de suministro, Narcomenudeo en su hipótesis con fines de comercio y Narcomenudeo en hipótesis de posesión simple.

Las propiedades están ubicadas en los municipios de Acatlán, Acaxochitlán, Actopan, Ajacuba, Apan, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Huejutla, Ixmiquilpan, Metepec, Metztitlán, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala y Nopala de Villagrán.

Además se encuentran en Pachuca de Soto, Progreso de Obregón, San Bartolo Tutotepec, San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tetepango, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Zapotlán, Zempoala y Zimapán.

2024… ¿Año de procesos para la extinción de dominio?

Según promedios del inicio de los procesos penales por extinción de dominio relacionados con 16 delitos, los primeros cuatro meses de 2024 representa el 31.25 por ciento del total de los 272 carpetas iniciadas, al sumar ese cuatrimestres un total de 85.

En enero de este año fueron 20 las propiedades aseguradas por la PGJEH, mientras que en febrero 24, en marzo 22 y en abril 19, cifras superiores en relación con los mismos meses de 2023, en los que, respectivamente, fueron aseguradas 19, 10, 6 y 8 inmuebles.

El año pasado la Procuraduría aseguró un total de 136 inmuebles, cantidad que representa el 50 por ciento de las 272 resguardadas, siendo 19 en enero, 10 en febrero, 6 en marzo , 8 en abril, 14 en mayo, 9 en junio, 14 en julio, 9 agosto, 11 septiembre, 11 octubre, 12 noviembre y 13 diciembre

En tanto, en 2022 fueron 29 las propiedades aseguradas, lo que representa el 10.6 por ciento del total, siendo en enero 1, en febrero 4, marzo 1, abril 2, mayo 2, junio 3, julio 2, agosto 1, septiembre 3, octubre 2, noviembre 4 y diciembre 4.

Este año se dio la renovación del Poder Judicial, por lo que de enero a agosto los procesos corresponden a los últimos meses del mandato de Omar Fayad, con 26 procesos, y al de Julio Menchaca el periodo septiembre-diciembre, con 13 casos.

Mientras que en 2021 solo fueron 11 los bienes asegurados por la PGJEH: ninguno en enero, 1 en febrero, ninguno en marzo, 1 en abril, 1 en mayo, 2 en junio, 2 en julio, 1 en agosto, 1 en septiembre, ninguno en octubre, 1 en noviembre y 1 en diciembre.

Fue en el periodo de 2016 a 2020 en donde los procesos por extinción de dominio, según los datos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, fueron menos, pues en los primeros cuatro años y cuatro meses de la administración de Omar Fayad, se registraron 11 casos, siendo ninguno de septiembre a diciembre de 2016, cuatro en 2017, dos en 2018, uno en 2019 y cuatro en 2020.

Información reservada por cinco años

En la respuesta a la solicitud de información presentada, la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo del Poder Ejecutivo dio algunos argumentos respecto al porqué no informar si esas propiedades fueron devueltas a su dueño, procedió la extinción de dominio a favor del gobierno estatal o sigue bajo resguardo, entre ellos el siguiente:

“La información solicitada respecto a si se devolvió a su dueño, se aplicó la extinción de dominio y si sigue bajo resguardo policial se considera reservada y para no vulnerar la investigación, la protección a las víctimas y al imputado, con fundamento en los artículos 104, 108 tercer párrafo, 113 fracciones XII, XIII así como el numeral 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 106 y 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo y 17 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo”.

Sin embargo, cabe señalar que si los bienes ya fueron reintegrados a su dueño o la extinción no son de dominio resultó a favor del gobierno estatal, son casos resueltos que no estarían bajo investigación y que deberían ser públicos, pues en la solicitud de información presentada sólo se solicitó el número de esos casos, no así la dirección donde se ubican los inmuebles ni el nombre de los particulares involucrados ni el de las víctimas.

Cabe señalar que la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Hidalgo fue promulgada el 21 de marzo de 2011 y abrogada 10 años después, el 12 de abril de 2021, luego de una reforma a la Carta Magna el 14 de marzo de 2019, en que se daba como atribución exclusiva al Congreso de la Unión el expedir leyes en esa materia.


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