El gobernador del estado Julio Menchaca Salazar justificó vetar la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental para priorizar la atención de casos emergentes entre la población, así lo informó tras la firma del convenio con la Secretaría de la Función Pública.

En entrevista, el mandatario estatal indicó que fueron tres motivos que lo condujeron a frenar dicha Ley, “primero porque estamos sujetos a una variación del presupuesto, cuando se disminuyen las partidas tienen que disminuirse todos los presupuestos para que alcancen; el segundo es que contrapone a la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental que establece la disposición del ejecutivo para hacer las transferencias adecuadas.

Y la tercera que se debe estar considerando una situación emergente, como la pandemia que esperemos no suceda o lo de Tula, donde se tiene que hacer un reajuste del presupuesto y reorientar el gasto. No es ninguna situación de mezquindad”.

Indicó estar convencido del trabajo a favor de la población y por ello hubo aumento presupuestal en Secretarías de gobierno más sensibles.

Expresó que “no puede haber algo que obstaculice o amarre el gasto por una disposición legal y es dentro de las facultades constitucionales que permiten al ejecutivo hacer ese veto”.

Durante el evento, el ejecutivo estatal manifestó importante atender el reclamo ciudadano de transparentar y darle un buen uso del erario público, “con el antecedente que durante mucho tiempo esos recurso sirvieron parea enriquecer a unos cuantos y contribuir a la pobreza de muchos como sucedió en Hidalgo”.

Puntualizó que el “ya basta” con esas malas prácticas se refleja ahora y después en esta administración pública estatal, así como en los sexenios subsecuentes.

También mencionó a los órganos de control interno que anteriormente laboraban bajo simulación, encubrimiento o de ornato. Hoy todos tienen la relevancia que merecen, así que en ese camino, el respaldo de la función pública local a través de esos mecanismos son herramientas tan valiosas para hacer el trabajo.

A la firma asistió el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, quien manifestó que es obligación de las autoridades dar certidumbre sobre el uso de los recursos públicos que se les han confiado, “este deber implica una acción de reciprocidad, los gobernados sostienen el funcionamiento del gobierno y éste, a su vez, rinde cuenta sobre el destino del dinero que pertenece a todos”.

El convenio otorgará al poder ejecutivo estatal las licencias y uso de algunos sistemas de la Función Pública para fortalecer sus procesos de control interno, fiscalización, denuncias ciudadanas y evolución patrimonial, “los que quieren aprovecharse no quieren dejar huella, pero ahora las tecnologías no lo permiten”.