Desde que comenzó la actual administración en septiembre de 2022, diez personas han sido acusadas de participar en el esquema de corrupción conocido como “La Estafa Siniestra”, de quienes siete son ex alcaldes, y tres ex funcionarios del gobierno estatal, aunque hasta el momento ninguno ha desarrollado el proceso de las audiencias intermedias.
En cuanto a los alcaldes están implicados en el desvío de recursos económicos, están privados de la libertad, Fidel “N”, de Epazoyucan, por 14 millones 215 mil 780 pesos; Felipe “N”, de Huautla, por 26 millones 615 mil 780 pesos; Elías “N”, de Yahualica, por 29 millones 255 mil pesos; así como de Nopala, Luis Enrique “N”, por 71 millones 960 mil pesos, del ejercicio fiscal 2022, por lo cual se encuentran privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.
De la misma manera, se suman los ex alcaldes de Tlahuelilpan, José Alfredo “N”, por 20 millones 996 mil pesos, y Pisaflores, Luis Francisco “N”, por 30 millones 960 mil pesos, pero desarrollan su proceso penal en libertad al obtener amparos para evitar aprehensiones.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), se suma el ex presidente municipal de Tula, Manuel “N”, por el desvío de 60 millones 940 mil pesos, aunque se trató de la cuenta pública 2021 para la atención de los damnificados de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula.
Con respecto a ex funcionarios estatales, están procesados en el mismo penal el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), Pablo “N”, por el desvío de 140 millones de pesos, así como el ex primer oficial mayor de la administración pasada, Martiniano “N”, por un total de 30 millones de pesos, y el ex director de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, Víctor “N”, por el mismo monto económico que se destinó para proyectos que no se ejecutaron.
Al respecto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Rebeca Aladro, mencionó que se han respetado los plazos del debido proceso en los ex alcaldes que fueron vinculados a proceso, y sostuvo que el aplazamiento de las audiencias intermedias puede obedecer a distintos amparos que pudieron interponer los acusados, así como al acogimiento de los criterios de oportunidad.