El proceso de regularización de cinco predios ejidales en Capula, administrados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de propiedad federal, ha mostrado avances significativos gracias a la colaboración entre los gobiernos municipal, estatal y federal. Este esfuerzo busca otorgar certeza jurídica a los residentes de la zona, quienes durante años han mantenido y cultivado estos terrenos.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, instruyó brindar atención, acompañamiento y asesoría a los poseedores de estos terrenos para asegurar que los procedimientos se realicen conforme a la ley.
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En una reciente visita a San Pedro Capula, en el municipio de Ixmiquilpan, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, junto a representantes de diversas dependencias, informó sobre el progreso de los trabajos. "Estamos trabajando en un objetivo que tiende a darle certeza jurídica a los residentes de esta zona", al tiempo que destacó la importancia de reconocer el esfuerzo de los ejidatarios.
El proceso de regularización, que tiene más de 25 años en trámite, se encuentra en una etapa crucial, ya que los documentos necesarios para este procedimiento incluyen la constancia de cambio de uso de suelo, evaluación técnica de riesgo, dictamen en materia ambiental, estudio hidrológico y topo-hidráulico, y el certificado de no inscripción, aseguró Olivares Reyna.
Además, se han elaborado constancias de servicios, no adeudo fiscal, y ausencia de servicio de energía eléctrica. Para obtener esta información, se han realizado trabajos topográficos y vuelos con drones.
El primero de agosto, los expedientes se remitieron a la Ciudad de México para continuar con el procedimiento y se espera que el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) dispongan de los predios para la regularización.
La colaboración de los ejidatarios ha sido fundamental en este proceso, facilita el avance hacia la certeza jurídica de sus terrenos. Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de las autoridades y los habitantes para resolver una situación que ha persistido durante décadas.
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