La desaparición de un bebé a manos del DIF estatal, el peligro de una mujer advertido a la autoridad y que después perdió la vida, delitos sexuales, entre otros casos fueron acusados por las víctimas durante la marcha de la asociación civil Mujeres Violetas.
La dirigente, Ayerim Tovar Pérez, dijo de forma reiterada que son denuncias penales como quejas ante la Procuraduría del Estado de Hidalgo y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), respectivamente, ignoradas por las autoridades estatales.
“Mi hija tuvo a su bebe a los 11 años por abuso. Ahora cada que exijo justicia solo recibimos amenazas del DIF Estatal o de la gente de la Procuraduría del Estado. Lo único que pido es que nos regresen al bebé que se quedó el DIF en el momento que nació”, expresó la abuela con llanto.
Este fue uno de los nueve casos que la agrupación Mujeres Violetas presentó al realizar una marcha que primero se pronunció afuera de la Comisión de Derechos Humanos y después en palacio de gobierno a fin de exigir justicia.
Ayerim Tovar dijo que entre los manifestantes había víctimas de tres feminicidios, delitos de naturaleza sexual a menores como adolescentes, despojo, amenazas, sin poder detallar cada uno para no entorpecer el proceso penal.
Sin embargo, indicó que entre los responsables hay funcionarios estatales, específicamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al igual que operadores políticos.
Mencionó que en noviembre informaron a la Procuraduría el peligro que corría una mujer y el 31 de diciembre fue asesinada, “hoy sí responsabilizó a las autoridades, porque si nos hubieran hecho caso, si hubieran investigado, esa mujer hoy estaría aquí”.
Detalló que el Instituto de la Mujer no ha concedido asesoría legal a las víctimas que le obliga la ley, hay abuso de poder, corrupción, “Bertha Miranda no necesitamos de tu discurso de sororidad falso”.
Expuso que la funcionaria Bertha Miranda ordenó que el colectivo fuera retirado del Instituto con la fuerza pública y hoy tiene una denuncia por estos actos que Ayerim Tovar calificó de discriminación.
Recordó el día que fueron citadas por el encargado del despacho de la Procuraduría del Estado, Santiago Nieto, sin llegar a la reunión, y el funcionario que las atendió les dijo que “estaban exagerando” en un caso de abuso sexual a una menor.
Señaló que las personas agredidas están en un refugio resguardadas, ocultas, sin medidas de protección, ni el apoyo de la policía de investigación, tampoco de Derechos Humanos, “el procurador simplemente delega”, mientras que los agresores de los nueves casos están libres impunemente.
Al final, todos fueron atendidos por la Secretaría de Gobierno.
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