/ miércoles 13 de febrero de 2019

Amplían investigación contra ex funcionario de SEPH

POR OMISIÓN DE LA CNB

Víctor Manuel Portela, juez de control del Tribunal Superior de Justicia, aprobó la ampliación de tres meses para el término de la investigación complementaria en la causa penal 362/2018 en contra del exdirector de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Hidalgo, Pablo P. M. por el delito de peculado.

El plazo fue solicitado por la representación social (ministerio público) debido a que la Comisión Nacional Bancaria (CNB) no ha dado contestación a los oficios en los que se solicita el contrato original de cinco cuentas bancarias, firmadas entre el Instituto Hidalguense de Educación (IHE) y Santander, y que serán presentados como pruebas.

Originalmente, el plazo fenecía este 11 de febrero, pero no se obtuvo la documentación procedente de la Comisión Nacional Bancaria (CNB) que consiste en los contratos originales a los que se les aplicará una prueba de grafoscopia para corroborar las firmas.

Cabe recordar que, en dicha causa penal, se le señala a Pablo P. M. de la distracción de recursos por un monto de 491 millones 333 mil; mismos que se presume fueron desviados del objeto para el que eran destinados: pago de ISR de salarios, asimilables a salario, servicios profesionales y arrendamiento.

La defensa argumentó que tres meses era un tiempo excesivo, sobre todo si se considera que su cliente está en prisión preventiva, pero el juez señaló que con ese plazo apenas se estaría llegando al tiempo permitido por el Código Nacional de Procedimientos Penales que es de seis meses.

Por su parte, Pablo P. M. hizo una serie de observaciones en las que criticó la expresión del ministerio público de pedir un “plazo razonable”, a lo que cuestionó cuánto puede ser para una persona privada de su libertad.

Asimismo, evidenció que uno de los oficios enviados a la CNB se escribió 20 días después de su detención. Aquí calificó el trabajo del ministerio público de “apático, irresponsable, falto de interés”.

Pese a las expresiones vertidas por el imputado y su abogado, el juez aplazó el cierre de la investigación complementaria, por lo que vencerá el 11 de mayo de 2019, y aseguró que, si bien se amplía, queda dentro del plazo establecido por la ley.

Víctor Manuel Portela, juez de control del Tribunal Superior de Justicia, aprobó la ampliación de tres meses para el término de la investigación complementaria en la causa penal 362/2018 en contra del exdirector de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Hidalgo, Pablo P. M. por el delito de peculado.

El plazo fue solicitado por la representación social (ministerio público) debido a que la Comisión Nacional Bancaria (CNB) no ha dado contestación a los oficios en los que se solicita el contrato original de cinco cuentas bancarias, firmadas entre el Instituto Hidalguense de Educación (IHE) y Santander, y que serán presentados como pruebas.

Originalmente, el plazo fenecía este 11 de febrero, pero no se obtuvo la documentación procedente de la Comisión Nacional Bancaria (CNB) que consiste en los contratos originales a los que se les aplicará una prueba de grafoscopia para corroborar las firmas.

Cabe recordar que, en dicha causa penal, se le señala a Pablo P. M. de la distracción de recursos por un monto de 491 millones 333 mil; mismos que se presume fueron desviados del objeto para el que eran destinados: pago de ISR de salarios, asimilables a salario, servicios profesionales y arrendamiento.

La defensa argumentó que tres meses era un tiempo excesivo, sobre todo si se considera que su cliente está en prisión preventiva, pero el juez señaló que con ese plazo apenas se estaría llegando al tiempo permitido por el Código Nacional de Procedimientos Penales que es de seis meses.

Por su parte, Pablo P. M. hizo una serie de observaciones en las que criticó la expresión del ministerio público de pedir un “plazo razonable”, a lo que cuestionó cuánto puede ser para una persona privada de su libertad.

Asimismo, evidenció que uno de los oficios enviados a la CNB se escribió 20 días después de su detención. Aquí calificó el trabajo del ministerio público de “apático, irresponsable, falto de interés”.

Pese a las expresiones vertidas por el imputado y su abogado, el juez aplazó el cierre de la investigación complementaria, por lo que vencerá el 11 de mayo de 2019, y aseguró que, si bien se amplía, queda dentro del plazo establecido por la ley.

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