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Transparencia vs chayote

  • Carolina Viggiano

Pachuca, Hidalgo.-  Hace unos días, en la Cámara de Diputados aprobamos la Ley General de Comunicación Social, en cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, producto de un amparo promovido por una asociación civil.
Esta ley regula la publicidad que las dependencias y entidades de la administración pública difunden, ya sea a través de tiempos oficiales o contratándola, y fue construida considerando 8 iniciativas presentadas por MORENA, PRI, PVEM, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PRD e incluso de una legislatura estatal.
De igual manera transparenta los contratos que las dependencias otorgan a los medios de comunicación, quienes, como cualquier otro proveedor deberán registrarse en un padrón para poder ser contratados.
Además busca inhibir el gasto desproporcionado en materia de comunicación institucional ya que exige que, para poder hacer una contratación, primero sean solicitados tiempos oficiales a los que el estado tiene derecho en cada emisora del país y en caso de no estar disponibles, entonces la publicidad sea pagada.
La SEGOB cuenta desde 1977 con una Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, institución que seguirá siendo la encargada de supervisar los contenidos, para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según sea el caso.
Como cualquier otro rubro en el que se utiliza dinero público debe haber transparencia, el recurso debe estar sujeto a auditoría y los ciudadanos tienen derecho a saber cómo y en qué se gasta.
Esta ley impedirá que el dinero para Comunicación Social que ejerza la federación, los estados o municipios tenga fines de promoción personal o electorales, lo que nos permitirá utilizar las campañas de comunicación para lo que son creadas, informar y facilitar el acceso de la ciudadanía a los programas públicos.
Pese a las contribuciones de esta ley, diversos legisladores, en una posición meramente electorera, la denominaron “Ley chayote” en alusión a la dádiva que una persona otorga a un medio de comunicación para informar “a modo”. Esta ley busca justamente lo contrario, transparentar la relación entre medios de comunicación y el Gobierno, para crear certeza y confianza en la ciudadanía.