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El ciudadano y su gobierno

  • Juan Manuel Sepúlveda

Pachuca, Hidalgo.-  Cuando analizamos y discutimos muchos de los problemas que como sociedad enfrentamos, en la enorme mayoría de los casos, partimos del análisis y discusión de lo que hace o deja de hacer el gobierno, incluyendo en este término de manera global desde el Presidente de la República hasta el comandante de la Policía Municipal.
Desde luego que las acciones u omisiones de los servidores públicos por la importancia y trascendencia de la función que desempeñan, influyen de manera relevante en el desarrollo de la vida pública; pero es evidente también, que en la manera de conducirse de los servidores públicos influyen para bien o para mal las acciones u omisiones de los ciudadanos.
Este necesario vínculo entre los ciudadanos y quienes ejercen las funciones públicas en su nombre, impone necesariamente obligaciones mutuas. Por cuanto hace a los servidores públicos, estos tienen desde luego la obligación fundamental de ejercer todas y cada una de sus facultades cumpliendo los principios básicos de eficiencia, eficacia y honradez que legal y éticamente le corresponde; pero, además tiene la obligación ineludible de actuar con transparencia para someterse al escrutinio ciudadano y a la fiscalización institucional.
Por cuanto hace a los ciudadanos, para el buen funcionamiento de la vida pública, les corresponde en primer término, someter el actuar del servidor a un permanente escrutinio; entendido éste, como el examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar juicio de ello; pero, además y esto es fundamental, el ciudadano debe actuar en consecuencia del juicio formado, validando y apoyando o descalificando y reclamando por medio de las múltiples vías que tiene a su alcance las acciones de los servidores públicos.
Resulta fundamental para el fortalecimiento de la democracia, dejar atrás el concepto atávico de que la conducción de nuestra vida como sociedad se determina fundamentalmente por la voluntad y el accionar de las autoridades.
Nuestra vida comunitaria se ve como algo que aun y cuando la desaprobamos, le atribuimos el carácter de irremediable, colocándolos cómodamente en una posición de simples observadores de una realidad en la que sin duda somos corresponsables.
Con cuánta frecuencia señalamos nuestro hartazgo por el grave problema de la corrupción y señalamos como única vía de solución para el mismo las acciones gubernamentales, lo que constituye una verdad a medias, ya que si bien es cierto hay casos en donde la urgencia, ignorancia o necesidad materialmente obligan al ciudadano a acceder a las pretensiones del servidor deshonesto, hay cientos de ciudadanos que alientan y favorecen estos abusos.
Cuando se trata de ejercer nuestros derechos y obligaciones en materia electoral, la gran mayoría de los ciudadanos se degradan a la categoría de simples votantes pretendiendo simplificar sus graves responsabilidades cívicas en el simple hecho de depositar la boleta en la urna y jamás se preocupan por exigir a quien resulte electo, el cumplimiento de sus obligaciones legales y de sus compromisos electorales.
En pleno siglo 21 seguimos brindándole a quienes por definición legal son nuestros servidores, la obediencia y sumisión que se daba a los monarcas cuando gobernaban en nombre de la divinidad, validando la sentencia de que los pueblos siempre tienen el gobierno que merecen.