imagotipo

Acervo

  • Pedro Luis Noble

Empresas Ejidales

Pachuca, Hidalgo.- Que sean estas primeras líneas para desearles a los amables lectores de El Sol de Hidalgo, a sus trabajadores, colaboradores, directivos y a sus familias que durante el 2018 gocen de buena salud y feliz buena vida.
El 6 de enero se conmemorará el 102 aniversario de la promulgación de la primera Ley Agraria. Con la expedición de esa Ley se dio inicio a un largo camino de evolución de uno de los principales anhelos del pueblo de México respecto a la propiedad social, logro revolucionario que se plasmó en la Constitución de 1917 al dedicar el Artículo 27 al tema de la propiedad originaria de la Nación y la instauración de la propiedad privada, el régimen ejidal y las tierras comunales.
Fue la ley del 6 de enero de 1915 la semilla que daría como frutos diversos ordenamientos, a saber: los Códigos Agrarios de 1934, 1940, 1942, la ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, la Reforma Constitucional al Artículo 27 y la posterior promulgación de la nueva Ley Agraria en 1992 por el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Venustiano Carranza y los agraristas de la segunda década del siglo XX hicieron que los pueblos tuvieran dotación de tierras y aguas. Y hasta los años noventas del siglo pasado veíamos los litigios en Tribunales Agrarios por los deslindes y actos posesorios de sujetos agrarios tanto colectivos como posesionarios y comuneros. Esto se vino transformando hasta que se comprendió que el potencial productivo de la propiedad social tenía grandes oportunidades para beneficiar no sólo a comunidades y ejidatarios, sino que podía este régimen de propiedad diversificarse y aportar crecimiento a las regiones del país y a los entornos de los núcleos de población.
En 1992, con la actual Ley Agraria se declaró el fin del reparto agrario y se sentaron las bases, requisitos y procedimientos para que los ejidos, los ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados pudieran celebrar variados actos jurídicos para poder adoptar el dominio pleno, la aportación de derechos parcelarios a figuras asociativas y societarias; a otorgar como garantía la propia producción o el usufructo de la tierra, lo que ha posibilitado la capitalización y financiamiento de las actividades agropecuarios entre otras posibilidades legales de explotación de esos derechos nacidos hace más de 100 años y hoy en franca vía de consolidación.
De acuerdo con la información de la SEDATU, el 75% de los litorales mexicanos son propiedad social y el 80% de los bosques y cuerpos de agua (incluyendo los termales) son del régimen ejidal y/o comunal. El reparto agrario terminó. Lo que ahora estamos viendo desde 1992 es una nueva orientación a la producción y a la inversión en tierras de propiedad social. Damos testimonio de ello quienes participamos de una u otra manera en dichos procesos, desde la celebración de las Asambleas de Certificación, Delimitación, Destino y Asignación de Derechos (el extinto PROCEDE) hasta el otorgamiento de todo tipo de contratos que han permitido la transformación, cambio de vocación y productividad diversificada del fruto de la tierra social.
Así lo acreditan importantes empresas ejidales hidalguenses en las ramas turísticas, de servicios, inmobiliarias, pecuarias, piscícolas, agrícolas y empacadoras. Estas empresas ejidales hoy brindan productos de calidad, competitivos y a sus integrantes una mejor rentabilidad.
Me consta que el gobernador Omar Fayad viene interpretando el nuevo espíritu agrarista. Sin duda, la propiedad social es uno de nuestros grandes acervos, más cuando ahora sí, muchas empresas ejidales generan riqueza y crecimiento.
Enero de 2017
twitter: pedroluis_noble
fb: Pedro Luis Noble
e-mail: contacto@pedroluisnoble
www. pedroluisnoble.mx