El Covid-19 nos ha obligado a replantear la manera en como desarrollamos nuestras actividades. Millones de personas tuvieron que quedarse en casa y trabajar o estudiar desde ahí lo que, en principio tendría que representar la oportunidad para convivir en familia y estrechar lazos con nuestros seres queridos.
Sin embargo, se ha incrementado de manera alarmante la violencia en el hogar, principalmente en contra de mujeres y niñas. Uno de los segmentos más vulnerables y menos visibilizado, lo constituyen las personas con discapacidad, quienes sufren violencia y discriminación, lo que les impide acceder de manera plena a sus derechos.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, el 80% de las mujeres y niñas con discapacidad ha sufrido algún tipo de violencia y tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de agresiones sexuales. Este tipo de violencia se presenta no solo en los hogares, sino en las instituciones de cuidado, donde más del 70% de personas con discapacidad son víctimas de violencia por parte de sus cuidadores.
Por si esto fuera poco, las personas con discapacidad enfrentan discriminación, una enorme brecha laboral, dificultades para acceder a servicios de salud y una vida en ciudades donde no existen condiciones para su movilidad de manera adecuada.
Se trata no sólo de un problema cultural o jurídico, sino estructural, ya que hacen falta mayores mecanismos de acceso a sus derechos, como transporte público especializado, servicios de salud de alto nivel, accesibilidad para su movilidad, educación de calidad, entre otros, que les garantice una vida plena, en igualdad de condiciones para todos.
