ACERVO
Mañana 12 de julio se llevará a cabo la celebración anual del Día del Abogado. Este festejo se da en México desde 1960, época de la presidencia de Adolfo López Mateos, en la que el primer mandatario estableció formalmente este reconocimiento a los juristas mexicanos a solicitud expresa del Diario de México, encabezado por Federico Bracamontes.
La fecha recoge dos sucesos importantes en la enseñanza de la ciencia jurídica en nuestro país: Por un lado, el 12 de julio de 1533 se verificó la primera cátedra para la enseñanza del Derecho en la Nueva España, dictándose para entonces las “Ordenanzas de Buen Gobierno”. Asimismo, el 12 de julio de 1553, el jurista e historiador español Bartolomé de Albornoz dio lectura a la “Prima de Leyes”, compilación de cátedras jurídicas como las del “digesto”, que enseñaba el Corpus Juris Civile y la “instituta”, que desarrollaba los principios fundamentales del Derecho Romano.
Este 2019, adicionalmente las y los notarios mexicanos celebramos los 500 años del primer acto notarial en América, cuando el 21 de abril de 1519 el escribano Diego de Godoy dio fe de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz por Hernán Cortés.
Conforme a datos oficiales del INEGI, se estima que en México convergemos actualmente un estimado de 350,000 profesionales del Derecho. Es así como en la coyuntura actual que vive nuestro país fundamentalmente, en rubros políticos, económicos y sociales, es imperante estructurar cuáles son aquellos retos que las y los abogados mexicanos tenemos frente a nosotros y abonar así al desarrollo de esta gran nación.
Destaco, sobre todo, el reto de la tecnología aplicada al ejercicio diario del Derecho. Lo mismo abogados postulantes en las diversas ramas, miembros del Poder Judicial, abogados corporativos y de empresa, notarios y corredores públicos, practicantes y pasantes, servidores públicos del Ejecutivo e integrantes del Legislativo, nos enfrentamos a una nueva condición de ejercicio jurídico ligada estrictamente al uso de herramientas tecnológicas, que tienen como objetivo medular, dotar de certeza legal y profesionalizar nuestras actividades.
Contamos en los hechos con una gran cantidad de sistemas integrales de servicio jurídico, portales normativos, páginas de cumplimiento de actividades, softwares de control de procesos y de ejecución de tareas, programas de institucionalización, entre muchas otras herramientas, que han sido parte del novedoso andamiaje jurídico procesado en diversas disposiciones de ley aprobadas en años recientes desde el legislativo.
Un abogado en este momento del siglo XXI, haciendo uso lícito de la tecnología para su ejercicio jurídico, está en condiciones naturales de competitividad frente a sus pares y a la sociedad a la que sirve. Desde su barra, colegio o asociación, acreditará suficiencia y capacidades, mostrará amplias habilidades y prestará con pulcritud el servicio profesional que oferta bajo altos estándares de seguridad y calidad jurídica. Luego entonces, accederá a una remuneración justa que le permita desarrollarse en la esfera humana.
Sin embargo, es ineludible hacer de la deontología jurídica, la base moral imperativa para el actuar de miles de mujeres y hombres que ejercemos el Derecho. No están a consideración nuestros actuares de imparcialidad frente a las partes, la ética profesional con la que nos debemos ceñir, así como los valores y convicciones con los que debemos transitar en esta sociedad.
