La realidad social está conformada por aproximaciones objetivas y subjetivas, estas últimas, producto de las percepciones del individuo y su relación con las sociedades y los regímenes políticos; se desarrollan a través de los conceptos, el lenguaje y la comunicación.
Las costumbres, los valores, las normas morales, jurídicas, religiosas, el Estado, los Gobiernos, la cultura; todos estos conceptos son construcciones sociales, no existen en el mundo físico, es decir, son acuerdos de un grupo social que adquieren una existencia por el impacto que tienen en nuestros pensamientos, costumbres, acciones individuales, conciencia.
El concepto de verdad se enmarca en los discursos de realidad que construye cada sociedad, esto es, distinguir lo verdadero y lo falso según la valorización de quienes pueden decidir en esa sociedad lo que “funciona” como verdadero. Foucault señaló que detrás del proceso de creación de una verdad se encuentra el poder, es decir, se ejercita para dirigir las formas de subjetividad y los saberes previamente validados a través del discurso, porque el discurso también es poder.
El derecho es un discurso político, es un medio de la política, el derecho es un medio del poder, pensaba Foucault; al final del día, el derecho cambia, porque las verdades se transforman, ya sea a través del proceso de normalización, entendida como una producción de lo real para controlar al mayor número de individuos o cuando existe una revolución, un cambio estructural que ataca las relaciones de poder existentes y establece nuevas. Quiero referirme a la política pública de la verdad entorno a las drogas, particularmente la marihuana.
El proceso de prohibición de la planta en los contextos internacional y nacional comenzó desde principios del siglo XX, pero se endureció a partir de 1920, no solo prohibiendo, sino criminalizando su venta y consumo. La prohibición, se ha escrito, fue desproporcionada, sustentada en deficientes estudios, carentes de rigor científico y dirigida a las clases bajas, derivada de una política nacionalista y racista; en México, se dijo: “Degeneraba la raza”.
El mercado que la planta ya tenía (en su uso lúdico, médico e industrial) tanto en México como en el mundo, pasó a la clandestinidad, la política de criminalización se endureció década tras década en todo el mundo y a pesar de ello, los consumidores no se han reducido.
En este punto la Suprema Corte mexicana ha sentenciado (introduciendo una verdad reiterada del liberalismo) que el derecho a libre desarrollo de la personalidad “comporta un rechazo radical de (…) del paternalismo del Estado que cree saber mejor que las personas (…) lo que deben hacer con sus vidas”. La realidad social ha vuelto a cambiar, la Suprema Corte ha validado que el derecho debe cambiar también.
Así, ante el paradigma de la regulación de la mariguana, el Congreso acatará el mandato constitucional y aunque los legisladores no caeremos en el paternalismo estatal, tampoco permitiremos que se fomente el consumo, ni las adicciones; atenderemos el reto siempre desde la evidencia fáctica y dispuestos a reorientar el marco legal las veces que sean necesarias desde el punto de vista científico hasta lograr que sea eficaz.
Como sociedad no debemos caer en la trampa, así como durante la prohibición, de convencernos por producciones de la realidad sin sustento. Construir este marco regulatorio requerirá basarnos en evidencia desde los enfoques de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible. Los invito a construir juntos nuestra próxima realidad social.
