Conciliar visiones, posturas, ideologías o proyectos, es una de las situaciones más complicadas en el ámbito político, ya que incluso entre las perspectivas diferentes suelen existir puntos de contradicción que, al menos en apariencia, lucen irreconciliables.
El reto que aparecía frente al Senado de la República era mayúsculo: dar vida constitucional a una instancia nacional de seguridad, cuya tarea primordial es la de revertir los altos índices de criminalidad sin vulnerar los derechos humanos de las y los mexicanos.
Las discusiones se tornaron ríspidas entre todos los actores que intervinieron en el proceso que culminó con la aprobación unánime de las y los senadores de todas las fuerzas políticas, de la reforma constitucional que sustenta el origen de la Guardia Nacional.
En un ejercicio de apertura, se realizaron audiencias públicas para tratar un tema delicado que busca dar fin al espiral creciente de violencia que sufre nuestro país. Expertos en seguridad, especialistas en derechos humanos, víctimas de delitos cometidos por miembros de policías o fuerzas armadas y representantes de colectivos de Organizaciones de la Sociedad Civil, fueron escuchados por todos los miembros del Senado de la República.
Y no solo fueron escuchados, sino que sus propuestas fueron consideradas al momento de dictaminar y de hacer las modificaciones pertinentes, a fin de que la Guardia Nacional fuera un cuerpo de seguridad serio, transparente y efectivo. Varios fueron los cambios que se dieron a la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, los cuales trataré de explicar brevemente.
El mando de la Guardia Nacional, como se previó desde un inicio por defensores de Derechos Humano, será civil en todos los aspectos y sin ninguna simulación, ya que de esa manera se garantiza un control en las tareas de seguridad pública con operación basada en protocolos de actuación que protejan a los civiles.
Asimismo y en un ejercicio de claridad en cuanto a su intervención, se estableció que, en tanto la Guardia Nacional se conforma y establece, el Presidente de la República podrá ser apoyado por las Fuerzas Armadas en tareas de combate al crimen organizado. Lo relevante de ello es que se estableció una temporalidad de 5 años máximo para que los militares permanezcan en la calle, de tal manera que transcurrido ese plazo, sea este nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, quien se encargue plenamente de las tareas de combate a la delincuencia organizada.
Aludiendo a la importancia del control transversal, se estableció la obligatoriedad para que el Ejecutivo envíe un informe anual al Senado, con la finalidad de fiscalizar su ejercicio y revisar su operación, de modo que sea un ejercicio de rendición de cuentas para toda la ciudadanía.
Se fortalece la colaboración con los gobiernos estatales no sólo para que soliciten apoyo para la Guardia, sino para los gobernadores de las entidades federativas, lleven a cabo un ejercicio de evaluación, de la mano de un programa de capacitación, depuración y servicio de carrera, para fortalecer las policías estatales y municipales y, de esa manera, asumir sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública.
Desde luego, el camino por recorrer es largo, ya que faltan las leyes secundarias, los protocolos, los registros y, desde luego, la operación de la Guardia Nacional, sin embargo, lo visto en el Senado de la República el pasado 21 de febrero, es que cuando se anteponen los intereses nacionales a los de partidos o grupos, los resultados son tangibles y deseables.
Porque antes de cualquier interés, primero, México.
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