Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo humano es la salud. El artículo 4° constitucional destaca que toda persona tiene derecho a la protección de la salud a través de un sistema digno y completo. Ello con la intención que todas y todos los mexicanos gocen de niveles mínimos de bienestar.
Sin embargo, no solo debe haber cartas de buenas intenciones, ya que, a pesar de ser un derecho, este no puede ejercerse de manera efectiva sin infraestructura, recursos y atención digna. Es por ello que una de las tareas fundamentales del Gobierno de la República es proveer a todos y cada una de las personas en nuestro país de la atención médica suficiente, para lo cual debe generar nuevas unidades médicas que hagan realidad la cobertura total, sobre todo en zonas marginadas.
Al respecto, desde hace algunos años, con el esfuerzo del Instituto Mexicano del Seguro Social, los gobernadores de los estados y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, la cual tuve el honor de encabezar, firmamos convenios para la construcción de Unidades Médicas Rurales en poblaciones con alta marginación, en las cuales habitan principalmente comunidades indígenas.
Estas unidades atienden a personas ubicadas en zonas marginadas o rurales, espacios donde el acceso a servicios médicos es muy limitado en atención al tipo de lugares de difícil acceso.
Con recursos de la CDI para la construcción en terrenos aportados por los gobiernos de las entidades federativas y la prestación de servicios del IMSS, se ha llegado a dar atención médica de calidad a miles de indígenas y sus familias que carecían de ello por no estar afiliados al Seguro Social o, simplemente, por tener unidades médicas sumamente alejadas de sus poblaciones.
Recientemente, en el Senado de la República tuvimos la comparecencia del director general del IMSS, Zoé Robledo, quien, desde luego, reiteró que los ahorros por la supuesta austeridad no deben estar en el área de la salud, porque sería catastrófico en un tema tan delicado y urgente como el del Seguro Social, por lo que instó a evitar recortes presupuestales a dicho organismo en aras de una mejor atención.
En mi oportunidad de intervenir en la comparecencia le pedí al titular del Instituto mantener el esfuerzo que hicimos en CDI y el IMSS para allegar a nuestras comunidades indígenas de la atención médica necesaria para la tranquilidad de ellos y sus familias, ya que, de lo contrario, su nivel de marginalidad aumentará alarmantemente en zonas donde la alimentación y los servicios llegan de manera deficiente.
Afortunadamente, esa gran labor que se llevó a cabo con el esfuerzo de varias instancias del gobierno federal y de los gobiernos estatales, parece que prevalecerá, ya que el propio Zoé Robledo refirió que en días pasados el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el IMSS celebraron un convenio de coordinación para el fortalecimiento de acciones en materia de salud para beneficio de las comunidades indígenas.
Es importante destacar que, evidentemente, hacen falta más unidades médicas, es decir, mayor infraestructura, pero también es importante que se mantengan en pie y se atiendan.
