/ miércoles 17 de julio de 2019

Por el derecho al ejercicio de profesiones

Cuando se busca combatir la corrupción que tanto ha lastimado a nuestro país, el estilo de la actual administración es absurdo, sin datos, equivocado, ya que asumen que eliminando procesos o imponiendo medidas arbitrarias, se pueden conseguir los resultados esperados. Lo anterior aunado a que después del uso de recursos derivado de supuestos ahorros, lo vuelven a meter en cajas oscuras que nadie sabe a dónde para.

Con la Ley de Austeridad se buscó regular muchos aspectos de la vida administrativa de nuestro país, sin embargo, en ese afán desesperado por reglar la administración pública, se emitieron algunos lineamientos exagerados que no se encuentran fundados ni motivados como todo acto de autoridad requiere. Incluso, en materia legislativa se debe argumentar a la ciudadanía el porqué de las decisiones.

Dentro de las nuevas disposiciones, se estableció que los servidores públicos que se encuentren por encima del nivel de Director General, se encuentran impedidos para trabajar en empresas del ramo que encabezaban en su labor pública, lo cual permitiría combatir los conflictos de intereses y los beneficios que se suelen dar a las empresas para quedar bien u obtener una prebenda; situaciones estas que se materializan (según el razonamiento de algunos legisladores) cuando esos servidores públicos dejan su encargo y pasan a formar parte de empresas privadas con las que tuvieron contacto.

Y es que se asume que esa llegada de servidores públicos de nivel a empresas privadas genera invariablemente el compartir información privilegiada que puede beneficiar a esa corporación y que, al mismo tiempo, generaría un daño patrimonial al Estado.

Hasta aquí todo tiene lógica, incluso porque las leyes en materia de responsabilidades administrativa prohíben que los servidores públicos, una vez que dejaron su encargo, trabajen en empresas o asuntos vinculados a los que atendían durante su carácter de funcionarios de gobierno. Esta prohibición es de un año a partir de la separación del puesto.

En la Ley de Austeridad se señala que la prohibición para servidores públicos de alto nivel respecto a colaborar con empresas privadas vinculadas sea ¡de 10 años!, lo que nos parece un atropello enorme a los derechos laborales de la persona.

Y es que jurídicamente, los ejercicios de ponderación de dos derechos en pugna deben prevalecer para tomar decisiones adecuadas. Desde luego, no existe oposición en castigar a los corruptos por actos indebidos aprovechándose de la posición que ocupaban, sin embargo, el conflicto de interés debe ser probado en cualquier momento por las autoridades competentes para ello, por lo que una prohibición de esta magnitud no abona a evitar dichos conflictos y si genera un daño personal a muchos servidores públicos honestos.

En la ponderación de derechos, estimamos que el derecho al trabajo y, en lo particular, derecho a ejercer la profesión que deseemos, está por encima de suspicacias que usualmente no se comprueban, por lo que una reforma de esta magnitud más bien parece una medida para descargar la obligación del Estado para probar.

Nada menos, en una administración tan mala como la actual, muchos servidores públicos deben buscar alternativas laborales en otros lados dado que las prestaciones actuales son ínfimas. Y si encima le agregamos que no pueden ni siquiera salir a buscar trabajo, entonces la situación se agrava.

El gobierno mexicano debe castigar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses y no protegerse con una prohibición absurda y desmedida. Es hora de que asuman sus responsabilidades y evitar legislar barbaridades como esa.

Cuando se busca combatir la corrupción que tanto ha lastimado a nuestro país, el estilo de la actual administración es absurdo, sin datos, equivocado, ya que asumen que eliminando procesos o imponiendo medidas arbitrarias, se pueden conseguir los resultados esperados. Lo anterior aunado a que después del uso de recursos derivado de supuestos ahorros, lo vuelven a meter en cajas oscuras que nadie sabe a dónde para.

Con la Ley de Austeridad se buscó regular muchos aspectos de la vida administrativa de nuestro país, sin embargo, en ese afán desesperado por reglar la administración pública, se emitieron algunos lineamientos exagerados que no se encuentran fundados ni motivados como todo acto de autoridad requiere. Incluso, en materia legislativa se debe argumentar a la ciudadanía el porqué de las decisiones.

Dentro de las nuevas disposiciones, se estableció que los servidores públicos que se encuentren por encima del nivel de Director General, se encuentran impedidos para trabajar en empresas del ramo que encabezaban en su labor pública, lo cual permitiría combatir los conflictos de intereses y los beneficios que se suelen dar a las empresas para quedar bien u obtener una prebenda; situaciones estas que se materializan (según el razonamiento de algunos legisladores) cuando esos servidores públicos dejan su encargo y pasan a formar parte de empresas privadas con las que tuvieron contacto.

Y es que se asume que esa llegada de servidores públicos de nivel a empresas privadas genera invariablemente el compartir información privilegiada que puede beneficiar a esa corporación y que, al mismo tiempo, generaría un daño patrimonial al Estado.

Hasta aquí todo tiene lógica, incluso porque las leyes en materia de responsabilidades administrativa prohíben que los servidores públicos, una vez que dejaron su encargo, trabajen en empresas o asuntos vinculados a los que atendían durante su carácter de funcionarios de gobierno. Esta prohibición es de un año a partir de la separación del puesto.

En la Ley de Austeridad se señala que la prohibición para servidores públicos de alto nivel respecto a colaborar con empresas privadas vinculadas sea ¡de 10 años!, lo que nos parece un atropello enorme a los derechos laborales de la persona.

Y es que jurídicamente, los ejercicios de ponderación de dos derechos en pugna deben prevalecer para tomar decisiones adecuadas. Desde luego, no existe oposición en castigar a los corruptos por actos indebidos aprovechándose de la posición que ocupaban, sin embargo, el conflicto de interés debe ser probado en cualquier momento por las autoridades competentes para ello, por lo que una prohibición de esta magnitud no abona a evitar dichos conflictos y si genera un daño personal a muchos servidores públicos honestos.

En la ponderación de derechos, estimamos que el derecho al trabajo y, en lo particular, derecho a ejercer la profesión que deseemos, está por encima de suspicacias que usualmente no se comprueban, por lo que una reforma de esta magnitud más bien parece una medida para descargar la obligación del Estado para probar.

Nada menos, en una administración tan mala como la actual, muchos servidores públicos deben buscar alternativas laborales en otros lados dado que las prestaciones actuales son ínfimas. Y si encima le agregamos que no pueden ni siquiera salir a buscar trabajo, entonces la situación se agrava.

El gobierno mexicano debe castigar el tráfico de influencias y el conflicto de intereses y no protegerse con una prohibición absurda y desmedida. Es hora de que asuman sus responsabilidades y evitar legislar barbaridades como esa.

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