El Programa de Pensión para Adultos Mayores, es uno de los rubros más importantes de los últimos años, considerando, sobretodo, que el desamparo en el que viven las personas de más de 65 años ha precarizado sus condiciones de vida, de tal manera que no haya recurso económico que les alcance para vivir de forma digna.
En un balance realizado por el INEGI, sOlo entre el 25 y 30 por ciento de la población económicamente activa cotiza ante alguna institución de seguridad social. Además, el ahorro que representa el 6.5 por ciento del salario, concluye en un retiro con un bajo 30 por ciento del salario que se percibía, lo cual es insuficiente siquiera para sobrevivir.
Desde luego, la precarización laboral ha generado, principalmente, que las y los ciudadanos en lo último que se preocupen es en su retiro, máxime que muchas de esas personas tienen su fuente de trabajo en la informalidad. Esa situación ha concluido en adultos mayores que no pudieron cotizar para obtener una pensión, por lo que la Pensión para Adultos Mayores es una vía mínima para que ese sector de la población tenga recursos mínimos de subsistencia.
De acuerdo con datos de CONEVAL al 2018, la Pensión para Adultos Mayores tiene una cobertura de 2 mil 458 municipios en las 32 entidades federativas, que en número de beneficiarios implica más de 5 millones de adultos mayores. Incluso en 2013 se redujo la edad de ingreso al programa, pasando de 70 a 65 años de edad, ya que se consideró un análisis de ingresos de las personas en ese rango de edad.
No existe discusión que el otorgar una pensión a adultos mayores es una política pública necesaria y eficiente; aunque no es suficiente el recurso entregado dadas las carencias, sí significa un apoyo que se ha convertido en un medio indispensable para ese sector de la población, sin embargo, parece que las autoridades encargadas de este programa no han dimensionado la importancia de estos recursos.
Recientemente, los más de 500 mil beneficiarios de este programa en la Ciudad de México sufrieron un retraso en la entrega de su pensión, lo cual no ha sido resuelto por las autoridades encargadas del programa, bajo el argumento que se trata de un problema administrativo que se resolverá todavía en un par de meses más al menos.
Lo anterior adicional al hecho de que la edad para entregar la pensión se aumentó de 65 a 68 años de edad. Ello a pesar de que en varias ocasiones se señaló la implicación que tenía para las personas de 65, 66 y 67 años, lo cual representaría una gran cantidad de personas que ya no tendrían su apoyo económico.
Generar estas modificaciones y, además retrasarles el pago bajo una lógica de contar con un padrón único que pueda utilizarse con fines electorales, es una clara afectación a derechos adquiridos de adultos mayores.
Por las razones esgrimidas, es fundamental un acto de reflexión, no solo para mantener la edad de 65 años para entregar la Pensión para Adultos Mayores, sino cumplir con la entrega del recurso en tiempo y forma, considerando que, en muchos casos, es el único método de sobrevivencia de este sector de la población.
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