/ jueves 8 de abril de 2021

OUTSOURCING EN MÉXICO: LA NEGOCIACIÓN

En noviembre del año pasado Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para regular la subcontratación, misma que se envió al Senado, sin embargo, se puso a discusión en un parlamento abierto y desde entonces se encuentra en discusión.

En una de las participaciones de dicho parlamento en diciembre del 2020 Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para países México y Cuba, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoció ante legisladores que la subcontratación es un tema ampliamente difícil de regular “Cuando la OIT preparó los documentos para la conferencia del año 2006, tenía informes de más de 70 países en el mundo y esos 70 países, todos, revelaban dificultades en la reglamentación y en la regulación; de manera que no es un tema fácil”.

Recordemos que la subcontratación también conocida como outsourcing, externalización o tercerización es el proceso por el cual una empresa destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas como labores administrativas y operacionales hacia una empresa externa contratada para tal efecto.

¿Cuál es su importancia? De enero a agosto de 2020, los afiliados a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano AMECH generaron un promedio mensual de 158,750 empleos formales y según datos del INEGI, en México hay más de 4.6 millones de empleos subcontratados en distintas modalidades (cierre de 2019).

Una investigadora, Jiménez Bandala aseguró que actualmente el 17% de los trabajadores ocupados está en un modelo de outsourcing y de éstos el 80% está en condiciones precarias de trabajo.

Lo anterior, a pesar de que desde el 2012 se pretendió regular las malas prácticas pero no fue suficiente y la iniciativa de reforma continúa bajo negociación, sin embargo, se lograron importantes avances el pasado lunes 5 de abril.

Mediante un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se dieron a conocer los acuerdos entre los sindicatos, empresarios y gobierno: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

El siguiente paso es que dichos acuerdos serán entregados a la H. Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para su aprobación.

Un tema a tratarse con pinzas dada la existente crisis laboral y la creciente pobreza.

En noviembre del año pasado Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para regular la subcontratación, misma que se envió al Senado, sin embargo, se puso a discusión en un parlamento abierto y desde entonces se encuentra en discusión.

En una de las participaciones de dicho parlamento en diciembre del 2020 Gerardina González Marroquín, directora de la Oficina para países México y Cuba, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoció ante legisladores que la subcontratación es un tema ampliamente difícil de regular “Cuando la OIT preparó los documentos para la conferencia del año 2006, tenía informes de más de 70 países en el mundo y esos 70 países, todos, revelaban dificultades en la reglamentación y en la regulación; de manera que no es un tema fácil”.

Recordemos que la subcontratación también conocida como outsourcing, externalización o tercerización es el proceso por el cual una empresa destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas como labores administrativas y operacionales hacia una empresa externa contratada para tal efecto.

¿Cuál es su importancia? De enero a agosto de 2020, los afiliados a la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano AMECH generaron un promedio mensual de 158,750 empleos formales y según datos del INEGI, en México hay más de 4.6 millones de empleos subcontratados en distintas modalidades (cierre de 2019).

Una investigadora, Jiménez Bandala aseguró que actualmente el 17% de los trabajadores ocupados está en un modelo de outsourcing y de éstos el 80% está en condiciones precarias de trabajo.

Lo anterior, a pesar de que desde el 2012 se pretendió regular las malas prácticas pero no fue suficiente y la iniciativa de reforma continúa bajo negociación, sin embargo, se lograron importantes avances el pasado lunes 5 de abril.

Mediante un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se dieron a conocer los acuerdos entre los sindicatos, empresarios y gobierno: la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados, la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

El siguiente paso es que dichos acuerdos serán entregados a la H. Cámara de Diputados para que, en su caso, puedan ser considerados por los legisladores para su aprobación.

Un tema a tratarse con pinzas dada la existente crisis laboral y la creciente pobreza.

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