/ miércoles 6 de marzo de 2019

Mujeres sin refugio

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en México diariamente se asesina 9 mujeres. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 701 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de feminicidio en 2017.

Se estima que en nuestro país casi 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún incidente de violencia, lo cual demuestra que las agresiones no tienen que ver únicamente con delitos comunes, sino que es una práctica social que se encuentra arraigada y que vulnera la seguridad de todas nosotras.

ONU mujeres ha señalado diversos datos respecto a la violencia en territorio nacional: en los últimos 25 años han ocurrido 35 mil presuntos homicidios, donde la víctima es del sexo femenino; 41 por ciento de las mexicanas ha sido víctima de violencia sexual; a 15 por ciento de las mujeres en nuestro país que ha solicitado un trabajo, les han requerido un certificado de no embarazo o las han despedido por embarazarse.

En realidad, podríamos poner muchos datos más que dejan en evidencia el estado de riesgo que sufre una mujer en México, sin embargo, la propia realidad que vivimos cada una de nosotras diariamente, nos deja entrever qué tan expuestas estamos a perder la tranquilidad o, peor aún, la vida.

Dadas esas circunstancias, desde hace varios años el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud, emite una convocatoria abierta para organizaciones de la sociedad civil e instituciones que cuenten con infraestructura y cierta organización, de tal manera que se les asignen recursos para crear y operar refugios para mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de violencia.

De hecho, la creación de este tipo de políticas públicas fue impulsada por propias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Red Nacional de Refugios, la cual opera 70 por ciento de este tipo de refugios, que en total son 72 en diferentes entidades federativas.

Esta forma de operar y las miles de mujeres apoyadas a través de este esquema fue víctima de una mala decisión basada, como ha pasado en la administración actual, en acusaciones de corrupción que hasta la fecha no han sido probadas y mucho menos hechas públicas.

Bajo ese pretexto, el 22 de febrero del presente año se canceló la convocatoria abierta para asignar recursos a los operadores de los refugios. Ello, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se asignaron 346 millones de pesos para ese propósito. En el oficio de cancelación se señaló que dicha medida obedece a la instrucción presidencial consistente en no dar apoyos de ningún tipo a organizaciones de la sociedad civil.

Hoy, a pesar de que se reactivó la convocatoria, el Titular del Ejecutivo Federal decidió de forma unilateral cambiar la forma de “apoyo”, al asegurar que el dinero se entregaría de forma directa a las mujeres violentadas.

Con ello, el golpe más grave es para las mujeres, ya que no contarán, como hasta ahora, con un lugar seguro para protegerse, ni las atenciones para ellas y sus hijos, no habrá más atención médica ni psicológica, desaparece la oportunidad de crecer, de iniciar un trabajo y comenzar su vida con condiciones más favorables. Esta vez solo quedan dádivas para dar sin pensar que, con esa determinación, hay cerca de 20 mil mujeres en grave riesgo.

Con el sello de la administración, no hay visión de futuro, no hay responsabilidad y, a cambio, sí existe un desdén por ciudadanas que necesitan el apoyo de todas y todos nosotros. La actitud actual es dar la espalda a quien más lo necesita, para abrazar únicamente a quien representa un voto. Queremos un gobierno responsable, pero queremos aún más a las mujeres a salvo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en México diariamente se asesina 9 mujeres. Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 701 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de feminicidio en 2017.

Se estima que en nuestro país casi 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún incidente de violencia, lo cual demuestra que las agresiones no tienen que ver únicamente con delitos comunes, sino que es una práctica social que se encuentra arraigada y que vulnera la seguridad de todas nosotras.

ONU mujeres ha señalado diversos datos respecto a la violencia en territorio nacional: en los últimos 25 años han ocurrido 35 mil presuntos homicidios, donde la víctima es del sexo femenino; 41 por ciento de las mexicanas ha sido víctima de violencia sexual; a 15 por ciento de las mujeres en nuestro país que ha solicitado un trabajo, les han requerido un certificado de no embarazo o las han despedido por embarazarse.

En realidad, podríamos poner muchos datos más que dejan en evidencia el estado de riesgo que sufre una mujer en México, sin embargo, la propia realidad que vivimos cada una de nosotras diariamente, nos deja entrever qué tan expuestas estamos a perder la tranquilidad o, peor aún, la vida.

Dadas esas circunstancias, desde hace varios años el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, dependiente de la Secretaría de Salud, emite una convocatoria abierta para organizaciones de la sociedad civil e instituciones que cuenten con infraestructura y cierta organización, de tal manera que se les asignen recursos para crear y operar refugios para mujeres y sus hijas e hijos, víctimas de violencia.

De hecho, la creación de este tipo de políticas públicas fue impulsada por propias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Red Nacional de Refugios, la cual opera 70 por ciento de este tipo de refugios, que en total son 72 en diferentes entidades federativas.

Esta forma de operar y las miles de mujeres apoyadas a través de este esquema fue víctima de una mala decisión basada, como ha pasado en la administración actual, en acusaciones de corrupción que hasta la fecha no han sido probadas y mucho menos hechas públicas.

Bajo ese pretexto, el 22 de febrero del presente año se canceló la convocatoria abierta para asignar recursos a los operadores de los refugios. Ello, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se asignaron 346 millones de pesos para ese propósito. En el oficio de cancelación se señaló que dicha medida obedece a la instrucción presidencial consistente en no dar apoyos de ningún tipo a organizaciones de la sociedad civil.

Hoy, a pesar de que se reactivó la convocatoria, el Titular del Ejecutivo Federal decidió de forma unilateral cambiar la forma de “apoyo”, al asegurar que el dinero se entregaría de forma directa a las mujeres violentadas.

Con ello, el golpe más grave es para las mujeres, ya que no contarán, como hasta ahora, con un lugar seguro para protegerse, ni las atenciones para ellas y sus hijos, no habrá más atención médica ni psicológica, desaparece la oportunidad de crecer, de iniciar un trabajo y comenzar su vida con condiciones más favorables. Esta vez solo quedan dádivas para dar sin pensar que, con esa determinación, hay cerca de 20 mil mujeres en grave riesgo.

Con el sello de la administración, no hay visión de futuro, no hay responsabilidad y, a cambio, sí existe un desdén por ciudadanas que necesitan el apoyo de todas y todos nosotros. La actitud actual es dar la espalda a quien más lo necesita, para abrazar únicamente a quien representa un voto. Queremos un gobierno responsable, pero queremos aún más a las mujeres a salvo.

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