Con la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso General se evidenció el clima de confrontación al que deberemos someternos durante los próximos meses.
Carentes de disposición al dialogo y rechazando las críticas al gobierno por sus malos resultados, las y los legisladores de Morena y sus aliados, siguen afirmando que la sobrerrepresentación que les regalaron las autoridades electorales corresponde a la voluntad popular. Todos sabemos que no es así, pero debido a ello, gozarán de la mayoría calificada que les permitirá reformar la Constitución y cuando eso suceda, las y los mexicanos estaremos al borde de la dictadura.
Al protestar el cargo, las y los Diputados Federales de Acción Nacional nos comprometimos a defender las instituciones del Estado mexicano procurando en todo momento el bien común y la protección de los derechos ciudadanos.
Desde el inicio de este periodo, esta más que clara la intención de las bancadas del oficialismo que es darle vida al mal llamado “Plan C”, mientas que las y los diputados panistas haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que nuestra democracia, cada vez más débil, se pierda por completo y con ello perdamos nuestros derechos.
Es importante insistir en lo que se pretende con la reforma al Poder Judicial.
En primer lugar, eliminar la carrera judicial que garantiza que jueces, magistrados y ministros lleguen al cargo por méritos, eliminando la posibilidad del influyentismo y favoritismo que debilitarían la administración de la justicia. Esta intención afectará a más de 55 mil servidores del Poder Judicial a quienes se les pretende desconocer los derechos laborales que han adquirido después de décadas de trabajo, desperdiciando su experiencia y profesionalismo.
También se intenta que los jueces sean elijan mediante el voto popular dando lugar a la politización de la justicia. Que minaría la autonomía del Poder Judicial al impulsar a las y los jueces a tomar decisiones basadas en la simpatía popular y no en hacer cumplir la ley.
Además, en una propuesta sin sentido, se busca reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 , con lo que habría más carga de trabajo, retrasando la resolución de las controversias.
Lo hemos dicho antes, pero insistiremos en ello, el Poder judicial debe mantenerse independiente de cualquier interés político, que le permita cumplir con su función fundamental que es impedir que cualquier acto de la autoridad vulnere los derechos ciudadanos.
