/ miércoles 20 de marzo de 2019

Los desaparecidos… del Gobierno

Hace apenas unos días nos enteramos de la desaparición de 19 migrantes en Tamaulipas, específicamente en el tramo carretero de Tampico a Reynosa. Se sabía que todos eran migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús de pasajeros foráneos. Pocas horas después, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó la desaparición de los migrantes y añadió que se tenía conocimiento de la desaparición de 25 migrantes más en la carretera Monterrey – Ciudad de México.

En palabras del propio Subsecretario, la desaparición podría obedecer al tráfico de personas, además de desmentir que el último de los camiones era custodiado por elementos de la Policía Federal. El suceso es indignante y reprobable como tal, sin embargo, las declaraciones del Gobierno de la República, respecto el señalamiento que la fiscalía estatal mentía y que, en realidad, la supuesta desaparición era una “técnica” para cruzar la frontera con los Estados Unidos de América. Desde luego, dicha declaración no tenía sustento alguno y se emitió a la ligera. Las víctimas indirectas, es decir, la familia, viven momentos de zozobra y desaparición como para adicionarle el ingrediente de la indignación derivado de declaraciones irresponsables y que prácticamente criminalizan a quienes, seguramente, fueron víctimas del crimen organizado.

A todos nos pasa por la mente el lamentable suceso de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando en Tamaulipas, donde miembros del grupo del crimen organizado denominado “Los Zetas”, asesinaron a 72 migrantes centro y sudamericanos, convirtiéndose en una masacre de importancia mundial, que movilizó al propio relator de Organización de las Naciones Unidas a solicitar una investigación profunda. Y nos ronda por la cabeza, porque el actual Gobierno, en su campaña y al inicio de su gestión, prometió una reforma migratoria integral, donde cambiarían los métodos e inscribirían a todos y cada uno de los migrantes que cruzaran nuestras fronteras, de tal manera que se les protegiera con base en el artículo 1o constitucional.

Lo cierto es que el abandono al tema es evidente. Tan es así que en la actual administración ya hay varios sucesos parecidos, olvidados en la promesa de la no repetición y en el respeto a los derechos humanos. Contrario a ello nos hemos encontrado con omisiones, como en el caso de un grupo de migrantes desaparecidos en Oaxaca a finales del año pasado, en donde las autoridades federales dieron la espalda a la fiscalía estatal dejándolos solos en la investigación. O en casos como el presente de Tamaulipas donde las descalificaciones a priori no se han hecho esperar. Parece que los migrantes han desaparecido no solo en estos actos criminales, sino que además se han borrado de la mirada gubernamental entre el olvido y la evasión de responsabilidades. No cabe duda que así como en las administraciones anteriores y no olvidemos la actual, estos son los desaparecidos del Presidente.

Hace apenas unos días nos enteramos de la desaparición de 19 migrantes en Tamaulipas, específicamente en el tramo carretero de Tampico a Reynosa. Se sabía que todos eran migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús de pasajeros foráneos. Pocas horas después, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó la desaparición de los migrantes y añadió que se tenía conocimiento de la desaparición de 25 migrantes más en la carretera Monterrey – Ciudad de México.

En palabras del propio Subsecretario, la desaparición podría obedecer al tráfico de personas, además de desmentir que el último de los camiones era custodiado por elementos de la Policía Federal. El suceso es indignante y reprobable como tal, sin embargo, las declaraciones del Gobierno de la República, respecto el señalamiento que la fiscalía estatal mentía y que, en realidad, la supuesta desaparición era una “técnica” para cruzar la frontera con los Estados Unidos de América. Desde luego, dicha declaración no tenía sustento alguno y se emitió a la ligera. Las víctimas indirectas, es decir, la familia, viven momentos de zozobra y desaparición como para adicionarle el ingrediente de la indignación derivado de declaraciones irresponsables y que prácticamente criminalizan a quienes, seguramente, fueron víctimas del crimen organizado.

A todos nos pasa por la mente el lamentable suceso de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando en Tamaulipas, donde miembros del grupo del crimen organizado denominado “Los Zetas”, asesinaron a 72 migrantes centro y sudamericanos, convirtiéndose en una masacre de importancia mundial, que movilizó al propio relator de Organización de las Naciones Unidas a solicitar una investigación profunda. Y nos ronda por la cabeza, porque el actual Gobierno, en su campaña y al inicio de su gestión, prometió una reforma migratoria integral, donde cambiarían los métodos e inscribirían a todos y cada uno de los migrantes que cruzaran nuestras fronteras, de tal manera que se les protegiera con base en el artículo 1o constitucional.

Lo cierto es que el abandono al tema es evidente. Tan es así que en la actual administración ya hay varios sucesos parecidos, olvidados en la promesa de la no repetición y en el respeto a los derechos humanos. Contrario a ello nos hemos encontrado con omisiones, como en el caso de un grupo de migrantes desaparecidos en Oaxaca a finales del año pasado, en donde las autoridades federales dieron la espalda a la fiscalía estatal dejándolos solos en la investigación. O en casos como el presente de Tamaulipas donde las descalificaciones a priori no se han hecho esperar. Parece que los migrantes han desaparecido no solo en estos actos criminales, sino que además se han borrado de la mirada gubernamental entre el olvido y la evasión de responsabilidades. No cabe duda que así como en las administraciones anteriores y no olvidemos la actual, estos son los desaparecidos del Presidente.

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