/ jueves 3 de octubre de 2019

Las niñas y los niños presos

A lo largo de los últimos años ha existido un esfuerzo mundial para proteger a la niñez y adolescencia en todos los países


Mediante cambios legislativos, políticas públicas y resoluciones se ha buscado que prevalezca el interés superior de la niñez. A través de medidas de protección, garantía de derechos y marcos normativos completos, se han reconocido y protegido bienes jurídicos relacionados con esta población.

Sin embargo, cuando pensamos en las múltiples situaciones que pudieran afectar a niñas, niños y adolescentes, en pocas ocasiones nos detenemos a revisar las situaciones que, en apariencia, les afectan de forma indirecta, es decir, por medio de cambios difícilmente asimilables en su educación, su entorno social o la economía de sus familias.

Una de las problemáticas más serias que sufren las niñas, niños y adolescentes es cuando sus madres o padres se encuentran en reclusión. Independientemente de las afectaciones directas a los derechos de los presos, en pocas ocasiones se analiza la situación de los menores que conviven dentro del sistema penitenciario en razón de la necesidad de encontrarse acompañados de sus progenitores.

Vivir y crecer en la cárcel tiene componentes especiales que nos hacen pesar en la contraposición de dos derechos irrenunciables que tienen las niñas, niños y adolescentes: por un lado, el derecho a contar con una familia y entorno adecuado, donde puedan convivir permanentemente con sus padres; por otro lado, el derecho a un sano desarrollo, crecimiento, alimentación y educación de calidad, que, al día de hoy, el sistema penitenciario no puede ofrecer.

De acuerdo con datos que REINSERTA A.C. presentó recientemente en el Senado, existen 436 niñas y niños menores de 3 años viviendo en las 360 prisiones que conforman el sistema penitenciario del país. Ello, porque de acuerdo a la normatividad en la materia, solo los niños menores de 3 años pueden vivir con alguno de sus padres en prisión; posterior a ello deben ser separados en razón de buscar un ambiente sano de desarrollo para los menores.

Considerando esa situación la problemática se encuentra en dos sentidos. El primero de ellos es el de los menores de 3 años que viven en alguna de las prisiones, de las cuales al menos en 21 estados no cuentan con las condiciones adecuadas para la estancia de esas niñas y niños, generando que no tengan buena alimentación, áreas de desarrollo o estimulación temprana, etcétera.

La otra problemática es la separación de los padres cuando cumplen 3 años, lo cual también vulnera el derecho a contar con un entorno familiar sano que incluya la convivencia con los padres. Como se encuentra el sistema penitenciario en nuestro país, las visitas a los padres son mínimas y en entornos poco adecuados, lo cual aleja a las niñas y niños del vínculo que, irremediablemente, acarrea consecuencias funestas para un menor.

En ese sentido, urge el compromiso legislativo para fortalecer el marco normativo penitenciario, pero con reformas a la luz de las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes, ya que, en cierto sentido, la estructura organizativa de la compurgación de penas deja de lado a los menores con la vulneración de derechos reconocidos no solo en nuestra legislación, sino en convenios internacionales firmados por nuestro país.

A lo largo de los últimos años ha existido un esfuerzo mundial para proteger a la niñez y adolescencia en todos los países


Mediante cambios legislativos, políticas públicas y resoluciones se ha buscado que prevalezca el interés superior de la niñez. A través de medidas de protección, garantía de derechos y marcos normativos completos, se han reconocido y protegido bienes jurídicos relacionados con esta población.

Sin embargo, cuando pensamos en las múltiples situaciones que pudieran afectar a niñas, niños y adolescentes, en pocas ocasiones nos detenemos a revisar las situaciones que, en apariencia, les afectan de forma indirecta, es decir, por medio de cambios difícilmente asimilables en su educación, su entorno social o la economía de sus familias.

Una de las problemáticas más serias que sufren las niñas, niños y adolescentes es cuando sus madres o padres se encuentran en reclusión. Independientemente de las afectaciones directas a los derechos de los presos, en pocas ocasiones se analiza la situación de los menores que conviven dentro del sistema penitenciario en razón de la necesidad de encontrarse acompañados de sus progenitores.

Vivir y crecer en la cárcel tiene componentes especiales que nos hacen pesar en la contraposición de dos derechos irrenunciables que tienen las niñas, niños y adolescentes: por un lado, el derecho a contar con una familia y entorno adecuado, donde puedan convivir permanentemente con sus padres; por otro lado, el derecho a un sano desarrollo, crecimiento, alimentación y educación de calidad, que, al día de hoy, el sistema penitenciario no puede ofrecer.

De acuerdo con datos que REINSERTA A.C. presentó recientemente en el Senado, existen 436 niñas y niños menores de 3 años viviendo en las 360 prisiones que conforman el sistema penitenciario del país. Ello, porque de acuerdo a la normatividad en la materia, solo los niños menores de 3 años pueden vivir con alguno de sus padres en prisión; posterior a ello deben ser separados en razón de buscar un ambiente sano de desarrollo para los menores.

Considerando esa situación la problemática se encuentra en dos sentidos. El primero de ellos es el de los menores de 3 años que viven en alguna de las prisiones, de las cuales al menos en 21 estados no cuentan con las condiciones adecuadas para la estancia de esas niñas y niños, generando que no tengan buena alimentación, áreas de desarrollo o estimulación temprana, etcétera.

La otra problemática es la separación de los padres cuando cumplen 3 años, lo cual también vulnera el derecho a contar con un entorno familiar sano que incluya la convivencia con los padres. Como se encuentra el sistema penitenciario en nuestro país, las visitas a los padres son mínimas y en entornos poco adecuados, lo cual aleja a las niñas y niños del vínculo que, irremediablemente, acarrea consecuencias funestas para un menor.

En ese sentido, urge el compromiso legislativo para fortalecer el marco normativo penitenciario, pero con reformas a la luz de las necesidades de nuestras niñas, niños y adolescentes, ya que, en cierto sentido, la estructura organizativa de la compurgación de penas deja de lado a los menores con la vulneración de derechos reconocidos no solo en nuestra legislación, sino en convenios internacionales firmados por nuestro país.

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