Uno de los problemas más grandes que tuvo nuestro país era la crítica frontal contra nuestra democracia, ya que se argumentaba que en las elecciones, ya sea locales o federales, no existía una instancia imparcial, independiente, profesionalizada, que no sólo organizara las elecciones, sino que por su propio actuar diera certeza a la ciudadanía de que su decisión sería legítima y respetada. Los intentos de mantener al organismo en materia electoral dentro del Poder Ejecutivo al poco tiempo resultaron insostenibles y como un logro social se comenzó a gestar la creación del Instituto Federal Electoral que, a la postre, obtendría uno de los logros más preciados para la democracia mexicana: la autonomía que la alejaba del centro del poder administrativo, para actuar con soltura y legalidad absoluta.
Ese camino estuvo lleno de luchas, sobre todo institucionales, y de una construcción narrativa adecuada por parte de todos los actores políticos y sociales que en ella intervinieron. A través del convencimiento de la necesidad de tener un organismo transparente y que no tuviera que rendir cuentas ni en lo administrativo, ni en lo financiero y mucho menos en lo político, obtuvimos al Instituto que, aún con descalificaciones injustificadas ha demostrado con hechos su capacidad en materia democrática.
Incluso, quienes hoy buscan asestarle golpes mediáticos cada vez que pueden, saben perfectamente que el actuar legal y objetivo del INE, propició que hoy estén en el poder, al transparentar un proceso que, por muy complicado que fuera por las circunstancias del país, salió avante sin el más mínimo cuestionamiento en la organización o en la calificación de las elecciones.
Ahora, dándole la espalda al pueblo de México, se pretende discutir una propuesta emanada desde el Ejecutivo Federal, en la que, a grandes rasgos, se busca desaparecer la autonomía y permitir la elección de consejeros a modo, de tal forma que las campañas mediáticas hechos al amparo del poder y de los recursos públicos no tengan freno.
Además se cuestiona el tamaño de un Instituto que tiene que preparar elecciones para millones de participantes, adelgazándolo de forma irracional a fin de que no tengan oportunidad de brindar los resultados necesarios y, entonces sí, cuestionarlos hasta su desaparición. La reforma electoral propuesta no pasará si en la mesa de discusión está la intención de eliminar la autonomía del INE.
Y tampoco existe una cerrazón de la oposición, ya que nosotros mejor que nadie, sabemos que siempre las cosas pueden mejorar cuando se trata de leyes y de instituciones, sin embargo, tenemos la obligación constitucional de respetar el mandato ciudadano, legislando por ellas y ellos para que las cosas mejores y no se compliquen más.
De entrada, cualquier diálogo que se pretenda hacer respecto a una reforma en materia electoral, debe incluir a la ciudadanía de viva voz y a expertos que lo son porque llevan años luchando por la democracia institucionalizada y por procesos transparentes que dejen lugar a dudas de la decisión popular y que han presionado para que se destierren de una vez por todas las prácticas fraudulentas.
Nunca será un no rotundo, pero si de verdad queremos fortalecer la democracia que le pertenece al pueblo de México, debe hacer con propuestas claras, con justos medios y con técnica, de tal manera que la fortaleza de nuestras instituciones prevalezca y jamás se regrese a las antiguas prácticas antidemocráticas.
