/ miércoles 10 de abril de 2019

La razón acompaña a las mujeres y la niñez

La estrategia de la Secretaría del Bienestar respecto del Programa de Estancias Infantiles, se ha enfocado en buscar una serie de elementos discursivos que tiendan a desacreditar al programa y no a cubrir la obligación que tiene el Estado mexicano de brindar servicios de atención y cuidado infantil para apoyar a madres trabajadoras.

Cuando se anunció la cancelación de ese programa por otro de carácter clientelar en el que se les entregaría el dinero directamente a las madres, se señaló que había una serie de irregularidades que tendían a dudar de la honestidad no solo de los servidores públicos, sino de las y los beneficiarios. En ese momento se acusó, incluso que había más de 80 mil niños “fantasma”, de tal manera que era un esquema de desvío de recursos.

Recientemente, el pasado 30 de marzo, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, durante una entrevista otorgada a un medio de circulación nacional, señaló una serie de irregularidades relacionadas con el Programa de Estancias Infantiles. En sus declaraciones afirmó que el número de niños “fantasma” ascendía a casi 50 mil, lo cual fue corregido días después en conferencia de prensa llegando al número de 97 mil niños no localizados, lo cual demostró la primera inconsistencia de sus afirmaciones.

Luego, con sus propios dichos se evidenció que no se había censado el total de los beneficiarios; que en realidad a muchos de ellos simplemente no se les encontró porque no se tenían registrados correctamente los domicilios; que el censo se dio en horarios que no fueron coincidentes con la asistencia de las y los niños a las estancias o, bien, en horarios laborales donde no encontraron a las madres.

Después dijo que no sabían si procederían administrativa o penalmente en contra los supuestos servidores públicos que habían actuado irregularmente. Incluso, dentro de todo este enredo para justificar la indefendible cancelación del Programa de Estancias Infantiles, acusó a las encargadas de estancias en ser quienes han orquestado las protestas porque están molestas al perder los recursos que recibían.

En paralelo a todas esas lamentables afirmaciones, se han presentado más de 4 mil amparos contra la cancelación del Programa, lográndose en algunos estados de la República, que los jueces den la razón a las promoventes al otorgarles suspensiones provisionales y definitivas.

Ante estas decisiones jurisdiccionales, la reacción de las autoridades ha sido tan visceral que han acosado y presionado a las encargadas de las estancias al grado de clausurar algunas de ellas de forma arbitraria. El asunto ya escaló a la creación de una subcomisión en el Senado de la República para que dé seguimiento al tema.

La respuesta gubernamental en este caso demuestra que las mujeres no estamos en su agenda, que la niñez no les representa una ganancia política y que vale más la cerrazón que el diálogo argumentativo y constructivo. La batalla ya la perdió el Gobierno creyendo que la está ganando.

La estrategia de la Secretaría del Bienestar respecto del Programa de Estancias Infantiles, se ha enfocado en buscar una serie de elementos discursivos que tiendan a desacreditar al programa y no a cubrir la obligación que tiene el Estado mexicano de brindar servicios de atención y cuidado infantil para apoyar a madres trabajadoras.

Cuando se anunció la cancelación de ese programa por otro de carácter clientelar en el que se les entregaría el dinero directamente a las madres, se señaló que había una serie de irregularidades que tendían a dudar de la honestidad no solo de los servidores públicos, sino de las y los beneficiarios. En ese momento se acusó, incluso que había más de 80 mil niños “fantasma”, de tal manera que era un esquema de desvío de recursos.

Recientemente, el pasado 30 de marzo, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, durante una entrevista otorgada a un medio de circulación nacional, señaló una serie de irregularidades relacionadas con el Programa de Estancias Infantiles. En sus declaraciones afirmó que el número de niños “fantasma” ascendía a casi 50 mil, lo cual fue corregido días después en conferencia de prensa llegando al número de 97 mil niños no localizados, lo cual demostró la primera inconsistencia de sus afirmaciones.

Luego, con sus propios dichos se evidenció que no se había censado el total de los beneficiarios; que en realidad a muchos de ellos simplemente no se les encontró porque no se tenían registrados correctamente los domicilios; que el censo se dio en horarios que no fueron coincidentes con la asistencia de las y los niños a las estancias o, bien, en horarios laborales donde no encontraron a las madres.

Después dijo que no sabían si procederían administrativa o penalmente en contra los supuestos servidores públicos que habían actuado irregularmente. Incluso, dentro de todo este enredo para justificar la indefendible cancelación del Programa de Estancias Infantiles, acusó a las encargadas de estancias en ser quienes han orquestado las protestas porque están molestas al perder los recursos que recibían.

En paralelo a todas esas lamentables afirmaciones, se han presentado más de 4 mil amparos contra la cancelación del Programa, lográndose en algunos estados de la República, que los jueces den la razón a las promoventes al otorgarles suspensiones provisionales y definitivas.

Ante estas decisiones jurisdiccionales, la reacción de las autoridades ha sido tan visceral que han acosado y presionado a las encargadas de las estancias al grado de clausurar algunas de ellas de forma arbitraria. El asunto ya escaló a la creación de una subcomisión en el Senado de la República para que dé seguimiento al tema.

La respuesta gubernamental en este caso demuestra que las mujeres no estamos en su agenda, que la niñez no les representa una ganancia política y que vale más la cerrazón que el diálogo argumentativo y constructivo. La batalla ya la perdió el Gobierno creyendo que la está ganando.

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