/ miércoles 21 de abril de 2021

La privacidad lastimada

Cuando tuve el enorme privilegio de ser elegida como candidata a Senadora, lo más satisfactorio fue recorrer muchas partes de mi estado recogiendo el sentir de las personas respecto de los problemas que, en su vida diaria, eran los más arraigados y, por lo tanto, urgentes de resolver. Entre las peticiones, encontré que la gran mayoría de las mujeres y hombres de México ven como un enorme pendiente la inseguridad que golpea a nuestro país.

Se han intentado muchas estrategias para el combate frontal al crimen organizado, tácticas que descansan en lo que se denomina política criminal como la forma de delinear leyes y normatividad en general para que, a través de sanciones y, desde luego, prevención, se busque inhibir la comisión de delitos de alto impacto.

Aún con esa obligación estatal de combatir la inseguridad, no existe la más mínima razón para transgredir derechos humanos, ya que, de ser así, pareciera que se castigaría a la ciudadanía completa por el mal comportamiento de personas que hacen de la delincuencia su forma de vida. Exigir que todos entreguemos información sensible a cambio de la absurda propuesta de acabar con los índices delictivos que en esta administración han estado por encima de cualquier medición histórica.

La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que fue recientemente aprobada y publicada en el Congreso de la Unión con el claro señalamiento de la oposición del mal precedente que se estaba sentando, es una clara violación al derecho a la vida privada de las personas además de violar el principio de irretroactividad al exigir que quienes ya contamos con una línea telefónica la registremos con nuestros datos biométricos ante IFETEL a pesar de no demostrarse el uso ilícito de esos datos.

No sólo se trata de la violación a esos derechos, sino la desconfianza a una administración que ha echado mano de todas las formas posibles de hacer uso político de la información, ya sea a través de Siervos de la Nación, de llamadas promoviendo el voto o de flagrantes violaciones a la intimidad a las personas, lo que preocupa ante unas de las peores decisiones tomadas.

De hecho no existe correlación alguna entre la necesidad de crear un padrón de esta naturaleza y la efectividad al crimen organizado. La exposición de motivos es deficiente frente a la pésima gestión en materia de seguridad pública, ya que en poco o nada cambiará la situación con la creación de un padrón que, además, pide información relacionada con acceso a cuentas bancarias e, incluso, a la forma en que mucha gente activa sus medidas de seguridad en sus domicilios.

El Padrón similar creado hace dos sexenios ya había demostrado su ineficiencia, sin embargo, a pesar de las advertencias, la mayoría en el Congreso no reculó y hoy tenemos una avalancha de amparos que demostrarán que esta reforma no sólo es inútil sino que en lo que menos piensa es en el pueblo de México.

Cuando tuve el enorme privilegio de ser elegida como candidata a Senadora, lo más satisfactorio fue recorrer muchas partes de mi estado recogiendo el sentir de las personas respecto de los problemas que, en su vida diaria, eran los más arraigados y, por lo tanto, urgentes de resolver. Entre las peticiones, encontré que la gran mayoría de las mujeres y hombres de México ven como un enorme pendiente la inseguridad que golpea a nuestro país.

Se han intentado muchas estrategias para el combate frontal al crimen organizado, tácticas que descansan en lo que se denomina política criminal como la forma de delinear leyes y normatividad en general para que, a través de sanciones y, desde luego, prevención, se busque inhibir la comisión de delitos de alto impacto.

Aún con esa obligación estatal de combatir la inseguridad, no existe la más mínima razón para transgredir derechos humanos, ya que, de ser así, pareciera que se castigaría a la ciudadanía completa por el mal comportamiento de personas que hacen de la delincuencia su forma de vida. Exigir que todos entreguemos información sensible a cambio de la absurda propuesta de acabar con los índices delictivos que en esta administración han estado por encima de cualquier medición histórica.

La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que fue recientemente aprobada y publicada en el Congreso de la Unión con el claro señalamiento de la oposición del mal precedente que se estaba sentando, es una clara violación al derecho a la vida privada de las personas además de violar el principio de irretroactividad al exigir que quienes ya contamos con una línea telefónica la registremos con nuestros datos biométricos ante IFETEL a pesar de no demostrarse el uso ilícito de esos datos.

No sólo se trata de la violación a esos derechos, sino la desconfianza a una administración que ha echado mano de todas las formas posibles de hacer uso político de la información, ya sea a través de Siervos de la Nación, de llamadas promoviendo el voto o de flagrantes violaciones a la intimidad a las personas, lo que preocupa ante unas de las peores decisiones tomadas.

De hecho no existe correlación alguna entre la necesidad de crear un padrón de esta naturaleza y la efectividad al crimen organizado. La exposición de motivos es deficiente frente a la pésima gestión en materia de seguridad pública, ya que en poco o nada cambiará la situación con la creación de un padrón que, además, pide información relacionada con acceso a cuentas bancarias e, incluso, a la forma en que mucha gente activa sus medidas de seguridad en sus domicilios.

El Padrón similar creado hace dos sexenios ya había demostrado su ineficiencia, sin embargo, a pesar de las advertencias, la mayoría en el Congreso no reculó y hoy tenemos una avalancha de amparos que demostrarán que esta reforma no sólo es inútil sino que en lo que menos piensa es en el pueblo de México.

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