/ miércoles 23 de octubre de 2019

La permisión de la ilegalidad

La forma en que un Estado funciona es a través de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de aportar para el gasto público; ello en términos de nuestra Constitución, donde, desde luego, se consigna todo un catálogo de derechos, pero también mínimas obligaciones que todos los ciudadanos debemos aportar en aras de conjuntar un verdadero federalismo.

El tema de las contribuciones (en términos más claros, impuestos) siempre genera controversia cuando se considera que, incluso, las grandes migraciones de personas se basan en ese fenómeno por muy extraño que parezca.

Y es que mucha gente busca moverse a otro país en búsqueda de mejores servicios, ya que a través de ellos es como se percibe un estado de bienestar, los cuales se encuentran estrechamente vinculados con los impuestos, ya que no importa que tan altos sean estos, siempre se busca que el reflejo de ellos se perciba en la vida cotidiana en seguridad, educación de calidad, espacios públicos suficientes y adecuados, etcétera.

Por esa razón, cuando se determinan nuevos impuestos, suben las tasas o tarifas de pago, o bien, se percibe inequidad en la aplicación de ellos, existe un malestar generalizado por un abandono del Estado para aquellos que sí cumplen con el pago de sus contribuciones por absurdos que parezcan como el impuesto sobre la tenencia de automóviles.

Cada año, en la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación, se busca que todas las voces sean atendidas y que el Gobierno en turno sea acotado a pretensiones desmedidas o inmotivadas. El caso de la iniciativa de Ley de este año tiene varios aspectos controversiales, sin embargo, uno de ellos ha llamado la atención en los últimos días.

Manuel López Castillo, diputado de Morena, presentó una propuesta de artículo transitorio (así, en lo oscuro, justo como prometieron que no lo harían bajo ninguna circunstancia) para legalizar los llamados “autos chocolate”; vehículos que entraron a nuestro país de forma ilegal o que permanecieron sin cumplir con la normatividad y que, en una clara evasión fiscal, pretenden regularizarlos.

Para la industria automotriz (una de las más fuertes en nuestro país y que da muchos empleos) implica una reducción de 30 por ciento en la venta de vehículos en una industria que, de por sí, ya venía siendo constreñida en años anteriores. Pero la pérdida no solo será para la industria, sino que el propio gobierno mexicano perderá casi 67 mil millones de pesos en recaudación de IVA e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos si es que esta reforma pasa en el Senado.

Más allá de las importantísimas mermas al mercado nacional de automóviles, el mensaje enviado es el de un gobierno que protege la ilegalidad y castiga al contribuyente cumplido frente a quien, durante muchos años, ha hecho de la evasión fiscal su forma de vida. En un momento donde los recursos públicos escasean, algunos miembros del legislativo buscan propugnar por políticas electoreras que harán más daño que bien.

Es importante entrar a un estudio serio de la materia fiscal, los ingresos y los egresos deben cuidarse como nunca, de lo contrario, en muy poco tiempo estaremos preocupados por la falta de recaudación y un parque vehicular viejo que implica más gastos que virtudes.

La forma en que un Estado funciona es a través de la obligación que tenemos todos los ciudadanos de aportar para el gasto público; ello en términos de nuestra Constitución, donde, desde luego, se consigna todo un catálogo de derechos, pero también mínimas obligaciones que todos los ciudadanos debemos aportar en aras de conjuntar un verdadero federalismo.

El tema de las contribuciones (en términos más claros, impuestos) siempre genera controversia cuando se considera que, incluso, las grandes migraciones de personas se basan en ese fenómeno por muy extraño que parezca.

Y es que mucha gente busca moverse a otro país en búsqueda de mejores servicios, ya que a través de ellos es como se percibe un estado de bienestar, los cuales se encuentran estrechamente vinculados con los impuestos, ya que no importa que tan altos sean estos, siempre se busca que el reflejo de ellos se perciba en la vida cotidiana en seguridad, educación de calidad, espacios públicos suficientes y adecuados, etcétera.

Por esa razón, cuando se determinan nuevos impuestos, suben las tasas o tarifas de pago, o bien, se percibe inequidad en la aplicación de ellos, existe un malestar generalizado por un abandono del Estado para aquellos que sí cumplen con el pago de sus contribuciones por absurdos que parezcan como el impuesto sobre la tenencia de automóviles.

Cada año, en la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación, se busca que todas las voces sean atendidas y que el Gobierno en turno sea acotado a pretensiones desmedidas o inmotivadas. El caso de la iniciativa de Ley de este año tiene varios aspectos controversiales, sin embargo, uno de ellos ha llamado la atención en los últimos días.

Manuel López Castillo, diputado de Morena, presentó una propuesta de artículo transitorio (así, en lo oscuro, justo como prometieron que no lo harían bajo ninguna circunstancia) para legalizar los llamados “autos chocolate”; vehículos que entraron a nuestro país de forma ilegal o que permanecieron sin cumplir con la normatividad y que, en una clara evasión fiscal, pretenden regularizarlos.

Para la industria automotriz (una de las más fuertes en nuestro país y que da muchos empleos) implica una reducción de 30 por ciento en la venta de vehículos en una industria que, de por sí, ya venía siendo constreñida en años anteriores. Pero la pérdida no solo será para la industria, sino que el propio gobierno mexicano perderá casi 67 mil millones de pesos en recaudación de IVA e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos si es que esta reforma pasa en el Senado.

Más allá de las importantísimas mermas al mercado nacional de automóviles, el mensaje enviado es el de un gobierno que protege la ilegalidad y castiga al contribuyente cumplido frente a quien, durante muchos años, ha hecho de la evasión fiscal su forma de vida. En un momento donde los recursos públicos escasean, algunos miembros del legislativo buscan propugnar por políticas electoreras que harán más daño que bien.

Es importante entrar a un estudio serio de la materia fiscal, los ingresos y los egresos deben cuidarse como nunca, de lo contrario, en muy poco tiempo estaremos preocupados por la falta de recaudación y un parque vehicular viejo que implica más gastos que virtudes.

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