Asumir este cargo como Senadora implicó entender que nosotras y nosotros como legisladores no tenemos una voz propia, sino que somos la extensión de la ciudadanía y sus intereses en temas que les importan para beneficio de ella, así como de sus familias, de tal manera que se cumple el derecho de la soberanía del pueblo para entregarle buenas cuentas, entre ellas, lo referente a las finanzas públicas.
Cuando se trata de ingresos y de egresos nos debe quedar claro que, conforme a nuestra Constitución, todas y todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público en la proporción que nos corresponda, de tal manera que lo que pagamos de impuestos de una u otra manera debe servir para sufragar los servicios que requerimos y que, al día de hoy, los tenemos con muchas deficiencias, pero si a eso le agregamos que cada vez incluyen más cargas para los contribuyentes, entonces el propósito benefactor del Estado se rompe para dar lugar a la satisfacción de intereses políticos.
Y esta vez, con el paquete económico aprobado en Diputados y que se puso a discusión en el Senado, no nos referimos a los grandes empresarios, por el contrario, la Ley de Ingresos, la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal, es una clara muestra de que el grupo mayoritario y en el poder le da la espalda al pueblo de México, particularmente a los más necesitados.
A los jóvenes, en lugar de apoyarlos, se les quiere dejar caer todo el peso de lo que es, claramente, terrorismo fiscal, al incluir la obligación de registrarse al RFC desde que cumplan 18 años, lo cual permitirá al gobierno mantenerlos revisados respecto de sus ingresos afectándoles en cuanto a los apoyos que pudieran recibir de sus padres, por ejemplo. Lejanos al respeto a los tratados para evitar la doble tributación, se pretende incluir a los jóvenes en el registro, por lo que, en caso de que abran una cuenta para que sus padres les depositen apoyos para su escuela o manutención, generará que se graven esos ingresos a la par que a sus padres y, hasta en tanto no se aclare, ya perdieron recursos. Habría que apoyar, no perjudicar.
Nuestros campesinos todos los días salen a esforzarse para tener productos de alta calidad con ínfimas ganancias, padeciendo la falta de apoyos gubernamentales y orillándolos a la miseria. Aún así, la miscelánea fiscal pretende disminuirles la exención de pago se Impuesto Sobre la Renta cuando sus ingresos anuales no rebase el millón 300 mil pesos para dejarla en 900 mil cuando lo que deberíamos hacer es aumentar ese tope, lo cual no sólo desincentiva al campo, sino que pauperiza a las familias que menos tienen. No, acá no son primero los pobres.
En el rubro de salud, por medio de un truco financiero, pretenden tener a su antojo el remanente del Fondo de Salud para el Bienestar y usarlo como mejor les parezca, manteniendo en desamparo a quienes sufren una enfermedad crónica degenerativa de alto costo como cáncer, trasplantes, VIH y otras más en que los pacientes ya han denunciado la falta de insumos para atenderse.
El paquete económico es una oportunidad para cambiar al país, para beneficiar a quienes menos tienen y para redistribuir la riqueza de una de las economías más sólidas de nuestro planeta, sin embargo, cuando el interés político no se separa de ello, tenemos como consecuencia un presupuesto y una ley de ingresos que afecta a la ciudadanía, al bolsillo de las y los mexicanos que ya no soportan la situación y que de dádivas no pueden vivir. Es momento de poner un alto, acceder al análisis serio, discutir las reservas con altura de miras y de rendir buenas cuentas al pueblo de México.
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