El pasado sábado 20 de febrero, el Titular de la Auditoría Superior de la Federación hizo la Tercer Entrega a la Cámara de Diputados de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019, que contiene los resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del Primer Año de Ejercicio de la Administración Pública Federal a cargo del presidente López Obrador.
De la revisión efectuada, hizo un total de 4,769 acciones y observaciones, de las cuales 2,606 fueron recomendaciones; 73 acciones de promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 139 solicitudes de aclaración; 1025 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (21.5%) y 926 pliegos de observaciones.
La revisión incluyó a todas las entidades que ejercen recursos públicos federales, y, por supuesto, se incorporan las auditorías realizadas a los megaproyectos de la actual administración: el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.
Resulta discordante que, en el gobierno del combate a la corrupción, la Auditoría informe que, derivado de las seis auditorías realizadas a la obra emblemática de esta administración, para alcanzar, según López Obrador, “la soberanía energética” mejor conocida como Refinería Dos Bocas, falte la comprobación de 75 millones de pesos, de los cuales casi 71 millones se utilizaron para realizar pagos fuera de norma, 2.1 millones fueron observados por existir duplicidad de pagos y en el ejercicio de 2.7 millones no existió correlación entre la cantidad de materiales adquiridos o los servicios contratados y pagados.
El caso del Tren Maya es similar al anterior. La ASF solicitó a FONATUR aclarar el destino de 156 millones de pesos, supuestamente aplicados a esta obra. Además, en el desarrollo de este proyecto se han producido incrementos 16% por arriba de lo autorizado inicialmente los cuales no han sido justificados.
Pero el premio a la dependencia centralizada mas opaca y más corrupta, se lo lleva sin duda la Secretaría de la Función Pública. Si, la secretaría encargada de verificar que el ejercicio público se realice bajo los principios de austeridad republicana, fiscalización, evaluación y combate a la corrupción de la gestión pública. Al respecto, la ASF denunció en su informe que “la dependencia incurrió en discrecionalidad en las indagatorias que realiza; se resistió al proceso de fiscalización –argumentando la suspensión de labores debido al Covid-19; aplicó apenas 92 investigaciones de evolución patrimonial, cuando se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales; ocultó información de un líder sindical, entre otras”
Del dicho al hecho, hay mucho trecho, reza un sabio dicho popular, pero en el caso de la administración de la 4T, el dicho más aplicable resultó ser “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”.
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