En México existen alrededor de 1 millón 200 personas dedicadas a la docencia en nivel básico y alrededor de 400 mil en licenciatura. Ellos juegan un papel fundamental para el desarrollo del país ya que en sus manos está la formación académica de millones de jóvenes y niños, que en breve se convertirán en ciudadanos y serán parte de la fuerza laboral del país.
Para jubilarse, un profesor y profesora debe prestar servicio por cuando menos 30 años, en los que dedican su vida a compartir sus conocimientos con los demás. Lo menos que esperan y merecen es que su jubilación les alcance para llevar una vida decorosa y un retiro digno.
De entrada, en el proceso de jubilación pierden un 40 por ciento de su percepción original. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la educación no se estimen en Salarios Mínimos sino en Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Esta unidad equivale a poco más de 80 pesos, mientras que el salario mínimo es de 141, lo que significa una importante reducción en la pensión que reciben las maestras y maestros jubilados y un impacto en el plan de vida en aquellas personas que están por jubilarse.
Esto constituye un duro golpe a la economía de quienes dedicaron su vida a la educación y merecen un retiro digno, por ello, la próxima legislatura será una gran oportunidad para corregir desde la ley esta situación, sobre la que Morena no se ha ocupado y ha dejado pasar.
