/ miércoles 27 de mayo de 2020

FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN

Todos hemos escuchado hablar, visto o leído alguna vez sobre la llamada Ley Bonilla, esta reforma constitucional aprobada por el congreso de Baja California, con los votos de 12 diputados del PAN; cinco del PRI, tres de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y tres independientes, pretendía ampliar indebidamente el mandato del gobernador electo: Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

Este atraco a la Constitución, no fue bien visto por prácticamente ningún sector de la sociedad bajacaliforniana y por supuesto, la oposición fijó un enérgico reclamo por el exceso que se pretendía cometer, adicional a eso, una vez que la ley fue publicada en el Diario Oficial de estado de Baja California, el PRD entregó un recurso de controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la Ley Bonilla y con ello, frenar la intención de que el gobernador, emanado del partido Morena, prolongara indebidamente su mandato.

Afortunadamente, para el Estado de Derecho, para nuestras instituciones y para los principios democráticos, el lunes pasado, la ley fue declarada inconstitucional por parte de la SCJN, en una votación unánime donde los 11 ministros catalogaron a dicha ley, como un fraude a la Constitución.

Este tipo de decisiones nos debe dejar varias enseñanzas, la fundamental desde mi punto de vista, es que México, aún con todos los atentados del gobierno federal en contra de ellas, sigue siendo un país de instituciones y principios democráticos.

Y es que podrán pasar muchos gobiernos, podrán pasar un sinfín de personajes encargados de conducir en su momento las riendas del país, del Estado o de los municipios, podrá haber visiones distintas sobre la implementación de políticas públicas, pero nunca debemos permitir que se trastoquen las instituciones, los principios de legalidad, de justicia o de democracia.

Debe quedarle claro a los gobernantes, que no pueden ejercer sus funciones por decreto. Los servidores públicos deben entender, que existe término a sus facultades, los propios órganos colegiados como los congresos locales o el federal, deben razonar que sus atribuciones también tienen límites.

La decisión de la corte, mas allá de que el PRD haya sido uno de los promotores del recurso de inconstitucionalidad, debemos celebrarla todos. Es un claro ejemplo del porqué requerimos de una oposición fuerte y aglutinada en el país, deja claro por qué cada día necesitamos construir más ciudadanía que exija sus derechos de una manera comprometida y responsable; hoy más que nunca queda claro que en México, los contrapesos son muy necesarios y que la separación de poderes es fundamental.

Por último, quisiera invitarlos a una reflexión, creo que ha quedado claro que el poder en las manos incorrectas corrompe, y el poder absoluto en las manos inadecuadas, corrompe absolutamente. ¿No lo crees así?

Todos hemos escuchado hablar, visto o leído alguna vez sobre la llamada Ley Bonilla, esta reforma constitucional aprobada por el congreso de Baja California, con los votos de 12 diputados del PAN; cinco del PRI, tres de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y tres independientes, pretendía ampliar indebidamente el mandato del gobernador electo: Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

Este atraco a la Constitución, no fue bien visto por prácticamente ningún sector de la sociedad bajacaliforniana y por supuesto, la oposición fijó un enérgico reclamo por el exceso que se pretendía cometer, adicional a eso, una vez que la ley fue publicada en el Diario Oficial de estado de Baja California, el PRD entregó un recurso de controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir la Ley Bonilla y con ello, frenar la intención de que el gobernador, emanado del partido Morena, prolongara indebidamente su mandato.

Afortunadamente, para el Estado de Derecho, para nuestras instituciones y para los principios democráticos, el lunes pasado, la ley fue declarada inconstitucional por parte de la SCJN, en una votación unánime donde los 11 ministros catalogaron a dicha ley, como un fraude a la Constitución.

Este tipo de decisiones nos debe dejar varias enseñanzas, la fundamental desde mi punto de vista, es que México, aún con todos los atentados del gobierno federal en contra de ellas, sigue siendo un país de instituciones y principios democráticos.

Y es que podrán pasar muchos gobiernos, podrán pasar un sinfín de personajes encargados de conducir en su momento las riendas del país, del Estado o de los municipios, podrá haber visiones distintas sobre la implementación de políticas públicas, pero nunca debemos permitir que se trastoquen las instituciones, los principios de legalidad, de justicia o de democracia.

Debe quedarle claro a los gobernantes, que no pueden ejercer sus funciones por decreto. Los servidores públicos deben entender, que existe término a sus facultades, los propios órganos colegiados como los congresos locales o el federal, deben razonar que sus atribuciones también tienen límites.

La decisión de la corte, mas allá de que el PRD haya sido uno de los promotores del recurso de inconstitucionalidad, debemos celebrarla todos. Es un claro ejemplo del porqué requerimos de una oposición fuerte y aglutinada en el país, deja claro por qué cada día necesitamos construir más ciudadanía que exija sus derechos de una manera comprometida y responsable; hoy más que nunca queda claro que en México, los contrapesos son muy necesarios y que la separación de poderes es fundamental.

Por último, quisiera invitarlos a una reflexión, creo que ha quedado claro que el poder en las manos incorrectas corrompe, y el poder absoluto en las manos inadecuadas, corrompe absolutamente. ¿No lo crees así?

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