CAJA CUÁNTICA
Alexander Hamilton y James Madison escribieron sobre el proceso de revisión constitucional que debían hacer los tribunales para mantener vigentes los derechos y libertades humanas reconocidas en la Constitución de los Estados Unidos que había sido adoptada en 1787, en la convención de Filadelfia.
La facultad de revisión constitucional que la Corte Suprema de Justicia de aquel país ejerce, a pesar de no contemplarse expresamente en su constitución, es reconocida por los tribunales, incluso desde antes de 1789 y fue confirmada en definitiva en 1803, cuando el juez John Marshall introdujo el principio de supremacía constitucional en el caso Marbury vs. Madison.
Hamilton escribió que el poder judicial fue diseñado con la intención de que fuera apto para “defenderse” de los otros poderes.
En el Federalista número 78, escribió “no hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes ejecutivo y legislativo”. También advirtió que este poder estaría, “en peligro constante de ser dominado, atemorizado o influido por los demás sectores”.
Madison escribió que la interpretación constitucional debía recaer en un cuerpo de jueces independientes que a través de un juicio razonado resolviera las controversias que versaban sobre la norma fundamental.
Estaba convencido de que las cuestiones constitucionales no podían ser rehenes de pugnas políticas ni partidistas, tampoco debían formar parte del discurso electoral.
La nominación de la jueza conservadora Amy Coney Barrett para reemplazar a la admirada jueza Ruth Bader Ginsburg, jurista liberal y férrea defensora de la equidad de género; ha generado un dilema político en Washington. El domingo Joe Biden criticó esta decisión, acusando a Barrett de posturas y criterios regresivos; también urgió al Senado a posponer la ratificación hasta la conclusión del proceso electoral.
En febrero de 2016, año electoral, se presentó un dilema similar cuando falleció el juez conservador Antonin Scalia y el presidente del Senado Mitch McConnell amenazó con vetar la nominación del presidente Barack Obama, porque consideró que el mandatario electo debería designar al sustituto de Scalia.
Y así se cayó la nominación de Obama; Trump pudo nominar a Neil Gorsuch, cuestionado por defender las políticas de tortura en la administración Bush.
El senador McConnell, líder de la mayoría, ha dicho que votarán a la nominada del presidente Trump en este periodo legislativo. El nombramiento de un juez constitucional vitalicio de la Corte Suprema de Justicia del país más poderoso del mundo no es un tema menor. En este escenario, las ideas de Hamilton y de Madison continúan vigentes en las mentes de miles de personas que, desde las calles de aquel país, exigen el insumo indispensable para cualquier tribunal: independencia.
Lecciones que nos servirán en nuestra propia lucha para lograr la transformación de los poderes judiciales en México.
