No existe nada más frustrante que ver años de lucha destruidos por decreto. La conformación del esfuerzo institucional desde las organizaciones de la sociedad civil ha sido una actividad que he visto de forma permanente durante todos mis años de servidora pública, rebasando la idea de que son los políticos quienes resuelven todo, ya que buena parte de las iniciativas y puntos de acuerdo surgen de una participación ciudadana activa y sustentada en la realidad.
Uno de esos logros que se logró de forma organizada por la participación de académicos y miembros distinguidos y estudiosos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, es todo el entramado constitucional y legal en materia de transparencia y rendición de cuentas, como una necesidad urgente ante un Estado que había sido opaco en la aplicación de su gasto y de muchas otras decisiones que afectaban directamente a la población.
La existencia de candados jurídicos que permitan la operación de la Administración Pública se dejaron de manera muy detallada y como un manejo emergente, además de exclusivo, para que en ese tenor el Ejecutivo no ejerciera indebidamente esas posibilidades como algo permanente, sino como cuestiones de excepción a la rendición de cuentas y transparencia.
Por su naturaleza e importancia, se prescribió que aquellos actos, obras y demás acciones provenientes de la Administración Público relacionadas con la Seguridad Nacional podían ser la excepción a la regla de la transparencia, sin embargo, ello debía estar fundado y motivado para que esta cláusula no se usara en aras de la opacidad y de darle la espalda al pueblo de México.
Pues a inicios de esta semana tuvimos la noticia de un decreto emitido por el Titular del Ejecutivo declarando como de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, para dos efectos fundamentales que vulneran por completo no sólo la transparencia, sino el principio democrático que debe revestir a todo Estado moderno. Por un lado, con ello ordena que las dependencias encargadas de emitir permisos o licencias, lo hagan de inmediato y, prácticamente sin negar nada por la importancia de las obras.
Por otro lado, esta denominación como proyectos de seguridad nacional, le permiten resguardar la información como no pública en todos los sentidos: cotizaciones, costo erogado, tiempos, proveedores, prestadores de servicios, etcétera, los cuales sólo podrán ser públicos años después de que el hoy Ejecutivo deje el cargo y con la venia de que todos los actos indebidos ocurridos queden en el olvido o en la prescripción legal.
Desde luego, estas obras ni son prioritarias ni son de seguridad nacional, pero más allá de todo eso, este tipo de actos contravienen lo dicho en el discurso de campaña en el que se va a combatir la opacidad y la corrupción, ocupando una treta jurídica que nadie más se había atrevido a utilizar por el flagrante engaño al pueblo que eso implica.
En momentos en que necesitamos más fiscalización y en el que dimos como nación un discurso anti corrupción en la ONU, este tipo de acciones vulneran la credibilidad de nuestro país al exterior y profundizan el estado de decepción de millones de mexicanas y mexicanos que entregaron su esperanza a un proyecto de nación que claramente les está fallando.
