Se ha dicho que la democracia en México es una de las más caras del mundo y es que además de las prerrogativas a los partidos políticos se debe sumar el costo de los organismos electorales jurisdiccionales, administrativos y del área penal. ¿Conoces cómo se integran los organismos electorales en el país?
Los organismos electorales jurisdiccionales tienen nivel federal y local: Sala Superior, 5 Salas regionales y una especializada correspondiente a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en cada estado se cuenta con un Tribunal local.
En cuanto a los organismos administrativos citaremos al Instituto Nacional Electoral, que es la máxima autoridad electoral del Estado Mexicano, que además de llevar a cabo las elecciones federales y emitir la Credencial para Votar, realiza una serie de actividades tanto al interior del instituto como para la ciudadanía.
El Consejo General del INE es el órgano superior de dirección (en época electoral se crean consejos locales y distritales), a nivel federal existen 300 juntas ejecutivas distritales y 32 juntas ejecutivas locales, en tanto que a nivel estatal funcionan los institutos electorales, por ejemplo, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) es la Institución que procura justicia en materia penal-electoral, conoce de las cuestiones federales, y cada estado también cuenta con su fiscalía especializada.
Lo anterior nos da una idea clara de la cantidad de servidores públicos que trabajan en materia electoral, siendo ampliamente señalados los altos salarios que reciben los funcionarios y magistrados, pero el costo de la democracia se ha vuelto a poner en la mesa debido al gasto de 528 millones de pesos destinados a la consulta popular.
Las críticas a la consulta tienen cinco puntos: en primer lugar, los temas prioritarios derivados de la pandemia son la salud y el económico, por lo que muchos interpretaron a la consulta como una forma del gobierno para continuar en “campaña”, es decir posicionarse en la mente y voluntad del electorado, el segundo cuestionamiento fue la formulación ambigua de la pregunta la cual hablaba de “actores políticos” en vez de “expresidentes”.
El tercer punto, es el argumento de que si hay pruebas para enjuiciar a los expresidentes ¿Para qué realizar una consulta donde los resultados serían obvios?, el cuarto, ¿era prudente realizar una consulta justo en medio de la tercera ola del COVID? y quinto, los gastos que involucraron versus la baja participación ciudadana hicieron que el gasto millonario pareciera un despilfarro.
Del otro lado de la opinión popular, se reconoció que se llevara a cabo una forma de democracia directa y de exigir justicia a personajes tan controversiales como los expresidentes.
Hay que reconocer que el presidente es un hábil político que para bien o para mal en amigos y enemigos, encauza el tema de SU agenda. Cuestión que ni siquiera la oposición advierte o si la advierte no genera un contrapeso real; pero la última palabra la tienen ustedes ¿Valió el costo la consulta?
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