Nuestro Sistema Electoral se ha venido perfeccionando a través de diversas modificaciones a la norma jurídica permitiendo gradualmente una cobertura e inclusión efectiva de todos los sectores poblacionales, sobre todo, de aquellos que históricamente han padecido desigualdad. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos del año 2011 marcó el rumbo de la política, la gestión social y de las instituciones, privilegiando la dignidad de las personas; así mismo, mandató a todas y todos los servidores públicos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos —desde su respectivo campo de acción— y elevó a rango constitucional los tratados internacionales ratificados por México. Es cierto, para ese momento muchos de los temas establecidos eran una utopía; materializar la letra requirió el empuje de la sociedad civil y de la voluntad de las fuerzas políticas para armonizar las leyes federales y locales que permitieran su avance gradual. Es así que las posteriores reformas político-electorales se forjaron a la luz del principio Pro Persona.
La reforma de 2014 en esta materia y sus leyes secundarias de 2015 incluyen —entre otras novedades— la paridad de género en las postulaciones; abrieron la posibilidad a las candidaturas independientes y a la figura de las coaliciones así como el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en los procesos electorales; desde luego, la más profunda fue la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) que pasó a sustituir al Instituto Federal Electoral (IFE). Además, se establecieron también nuevos mecanismos para la selección de las y los Consejeros Electorales tanto del INE como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Las reformas electorales posteriores dieron paso a la creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Federal de Consulta Popular así como los cambios realizados a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El robusto Sistema Nacional de Elecciones homologa y estandariza los procesos electorales federales y estatales, determinando las competencias y atribuciones de cada autoridad electoral (Tribunales, INE y OPLES) para la organización efectiva de las elecciones en los 3 niveles de gobierno.
Las reformas de 2019 abrieron la puerta a la progresión de derechos, permitiendo al Instituto Nacional Electoral y los Organismos Locales así como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitir lineamientos y criterios interpretativos para juzgar y proponer resoluciones y acuerdos que protejan y promuevan los derechos político-electorales de los grupos prioritarios de atención como son: mujeres, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, mexicanos residentes en el extranjero, personas de los pueblos y comunidades indígenas y recientemente, de las personas en Prisión Preventiva.
Desde la reforma histórica de 2014, Hidalgo ha celebrado 6 Procesos Electorales exitosos: Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos 2016; Diputaciones 2018; Ayuntamientos 2020; Diputaciones 2021 así como 2 Procesos Extraordinarios en 2016 y 2021. Actualmente, nos encontramos en el desarrollo del séptimo: el Proceso de renovación de la Gubernatura 2022.
En cada uno de estos comicios hemos dado pasos importantes en el avance de derechos, todos motivados siempre desde una perspectiva intercultural, de género e incluyente, que gira en torno a la protección de los derechos políticos de la ciudadanía hidalguense.
Mtra. Guillermina Vázquez Benítez